Los cuatro sindicatos con representación en la función pública -CIG, CC.OO., UGT y CSI-F- mantienen su rechazo al anteproyecto de medidas en el empleo público impulsado por la Xunta, pese a que el Gobierno gallego presentó ayer una modificación que aumenta las retribuciones propuestas inicialmente en caso de incapacidad temporal. Para los representantes de los trabajadores el cambio 'no es sustancial'.
Al término de la reunión de la comisión de personal, las plataformas sindicales llamaron a la movilización a los empleados públicos -tienen convocadas concentraciones en las siete grandes ciudades para este jueves- con el fin de manifestar su 'oposición' a los recortes. De hecho, centenares de delegados y trabajadores se han manifestado en el exterior de la Escola Galega de Administración Pública (EGAP) en la que tuvo lugar la reunión, que se prolongó unas dos horas.
'No podemos dar un paso atrás; el 23 hay una manifestación, pero que no descarte la Xunta de Galicia ninguna otra movilización si esto no se modifica', advirtió el representante de CC.OO., Ramiro Otero. Además, las cuatro plataformas reiteraron al Gobierno gallego su petición de retirada del documento y recriminaron que las medidas son 'una imposición'.
NEGOCIACIÓN TERMINADA
Por su parte, el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, indicó que da la negociación por terminada con los sindicatos, después de que la Xunta haya aprobado, con el voto en contra de las organizaciones de trabajadores, el texto en la comisión de personal.
El texto, que recibirá hoy el visto bueno en el Consello de la Xunta, según avanzaron los sindicatos, incluye cambios respecto a las retribuciones en las bajas. Así, el complemento que aporta el Gobierno gallego se mantendrá en el 100% por 'contingencias profesionales' -accidentes o enfermedades laborales- y en las contingencias comunes que conlleven hospitalización u operaciones quirúrgicas. También se abonará íntegramente en los casos de maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo o riesgo en la lactancia.
En los demás supuestos por contingencias comunes, explicó Barreiro, las bajas en un año natural se complementarán, durante sus primeros tres días de duración, al 50% si es la primera; y al 40% si es la segunda. La tercera y siguientes no se complementará en esos días. Entre el día cuatro y el 20, el complemento se abonará en un 75%, mientras que a partir del 21 se recupera el 100%.
El director xeral defendió que la intención del Gobierno gallego era alcanzar un acuerdo, por lo que presentó esta modificación que establece 'la mejor regulación de las comunidades autónomas' que recortaron las retribuciones por capacidad (La Rioja, País Vasco, Canarias, Madrid y Valencia).
Barreiro argumentó durante su intervención ante los medios de comunicación que la Administración autonómica recibió alegaciones por parte de 'diversos organismos' y atendió 'a demandas de funcionarios en este sentido'. 'Es una modificación que se puede estudiar perfectamente en la comisión de personal; ellos se negaron a estudiarla, volvieron a rechazar el proyecto y pedir la devolución', manifestó.
CRÍTICAS CONTRA LA POLÍTICA OFICIAL DE 'HECHOS CONSUMADOS'
La representante de la CIG, Carmen López Santamariña, pidió la participación de los empleados públicos en las protestas contra los recortes. 'Tenemos que seguir adelante antes de que llegue al Parlamento y hacer presión en su debate', insistió.
Por su parte, José Vázquez, de UGT, censuró que se trata de 'una política de hechos consumados'. 'Los trabajadores públicos estamos en el centro de la diana de las políticas de recorte del Gobierno e intentan dar el tiro de gracia a los servicios y a los empleados públicos', reprochó.
Ramiro Otero, de CC.OO., recriminó a la Xunta que haya presentado, 'a 24 horas' de que el anteproyecto de ley se apruebe en el Consello, un documento con cambios que no se había remitido previamente para su análisis a los sindicatos. La negociación, criticó, 'no se puede desarrollar en estos términos', por lo que ha pedido que se abra 'una verdadera mesa de negociación y no de imposición'. 'Si esto no se modifica en el trámite parlamentario y no se abre esa mesa de negociación que pedimos, nosotros no descartamos ninguna otra movilización. Será responsabilidad de la Xunta que esta situación se tranquilice y no haya un cambio importante en el movimiento de respuesta', avisó.
'No podemos dar un paso atrás; el 23 hay una manifestación, pero que no descarte la Xunta de Galicia ninguna otra movilización si esto no se modifica', advirtió el representante de CC.OO., Ramiro Otero. Además, las cuatro plataformas reiteraron al Gobierno gallego su petición de retirada del documento y recriminaron que las medidas son 'una imposición'.
NEGOCIACIÓN TERMINADA
Por su parte, el director xeral de Función Pública, José María Barreiro, indicó que da la negociación por terminada con los sindicatos, después de que la Xunta haya aprobado, con el voto en contra de las organizaciones de trabajadores, el texto en la comisión de personal.
El texto, que recibirá hoy el visto bueno en el Consello de la Xunta, según avanzaron los sindicatos, incluye cambios respecto a las retribuciones en las bajas. Así, el complemento que aporta el Gobierno gallego se mantendrá en el 100% por 'contingencias profesionales' -accidentes o enfermedades laborales- y en las contingencias comunes que conlleven hospitalización u operaciones quirúrgicas. También se abonará íntegramente en los casos de maternidad, paternidad, riesgo en el embarazo o riesgo en la lactancia.
En los demás supuestos por contingencias comunes, explicó Barreiro, las bajas en un año natural se complementarán, durante sus primeros tres días de duración, al 50% si es la primera; y al 40% si es la segunda. La tercera y siguientes no se complementará en esos días. Entre el día cuatro y el 20, el complemento se abonará en un 75%, mientras que a partir del 21 se recupera el 100%.
El director xeral defendió que la intención del Gobierno gallego era alcanzar un acuerdo, por lo que presentó esta modificación que establece 'la mejor regulación de las comunidades autónomas' que recortaron las retribuciones por capacidad (La Rioja, País Vasco, Canarias, Madrid y Valencia).
Barreiro argumentó durante su intervención ante los medios de comunicación que la Administración autonómica recibió alegaciones por parte de 'diversos organismos' y atendió 'a demandas de funcionarios en este sentido'. 'Es una modificación que se puede estudiar perfectamente en la comisión de personal; ellos se negaron a estudiarla, volvieron a rechazar el proyecto y pedir la devolución', manifestó.
CRÍTICAS CONTRA LA POLÍTICA OFICIAL DE 'HECHOS CONSUMADOS'
La representante de la CIG, Carmen López Santamariña, pidió la participación de los empleados públicos en las protestas contra los recortes. 'Tenemos que seguir adelante antes de que llegue al Parlamento y hacer presión en su debate', insistió.
Por su parte, José Vázquez, de UGT, censuró que se trata de 'una política de hechos consumados'. 'Los trabajadores públicos estamos en el centro de la diana de las políticas de recorte del Gobierno e intentan dar el tiro de gracia a los servicios y a los empleados públicos', reprochó.
Ramiro Otero, de CC.OO., recriminó a la Xunta que haya presentado, 'a 24 horas' de que el anteproyecto de ley se apruebe en el Consello, un documento con cambios que no se había remitido previamente para su análisis a los sindicatos. La negociación, criticó, 'no se puede desarrollar en estos términos', por lo que ha pedido que se abra 'una verdadera mesa de negociación y no de imposición'. 'Si esto no se modifica en el trámite parlamentario y no se abre esa mesa de negociación que pedimos, nosotros no descartamos ninguna otra movilización. Será responsabilidad de la Xunta que esta situación se tranquilice y no haya un cambio importante en el movimiento de respuesta', avisó.
