BALANCE DEL 2013

El Valedor demanda 'sensibilidad' a la banca, 'privilegiada' en la crisis

photo_camera José Julio Fernández, en el centro, en los pasillos del Parlamento Autonómico. (VICENTE PERNÍA)

Se ha ejercido un "exceso de protección a la banca y un déficit de protección al ciudadano", según José Julio Fernández Rodríguez.

El Valedor do Pobo, José Julio Fernández Rodríguez, ha demandado hoy "sensibilidad ante la ciudadanía" a las entidades bancarias, que fueron "privilegiadas en esta época de crisis".

En el caso concreto de la venta de preferentes y subordinadas, el Valedor expresó su esperanza de que "los nuevos gestores de Novagalicia Banco den los pasos adecuados para solucionar de una forma justa este problema".

En 2013, el Valedor desarrolló un total de 23.535 actuaciones de atención al ciudadano y a la institución se dirigieron 18.887 reclamantes, se sometieron a investigación 2.746 asuntos y se abrieron de oficio 46 quejas.

El área de medio ambiente fue el sector que propició más investigaciones, con un total de 655 quejas, un 23,85 por ciento del total, seguida del área de empleo público e interior, con 261; urbanismo y vivienda, con 251; servicios sociales, con 208; corporaciones locales, servicios municipales y protección civil, con 205; y el área de administración económica y transportes, con 188 disposiciones.

De las 157 resoluciones adoptadas en el ejercicio, 131 recomendaciones, 15 sugerencias y 11 recordatorios de deberes legales, el Valedor informó de que 115 fueron aceptadas, lo que supone un 73 por ciento del total, que consideró aceptable, aunque bromeó que hubiera preferido un 85 por ciento.

Aunque calificó de "eficaz" la gestión desarrollada, reconoció que "algunas instituciones" son más lentas en el cumplimiento de sus resoluciones y, a preguntas de los informadores, citó a la USC, las Consellerías de Traballo y de Educación y "algunos Ayuntamientos".

José Julio Fernández resaltó que los cambios sociales provocan nuevos retos en materia de derechos, por los que la administración debe velar, y que, en una época de crisis, suponen un "eje central" de la actuación de la institución y "no pueden quedar relegados a promesas no vinculantes".

En el apartado de Sanidad y Bienestar, el Valedor consideró necesario que las administraciones "evalúen las consecuencias" que algunas medidas pueden tener en los colectivos más desprotegidos.

Preguntado por los copagos farmacéutico y hospitalario, éste aún no implantado en Galicia, explicó que, por las quejas recibidas, el primero, "en líneas generales, parece razonable", aunque señaló algún vacío en determinadas situaciones de desempleo.

En cuanto al hospitalario, apuntó con carácter general que, en derechos, "se debe garantizar lo conseguido", "se debe avanzar y no retroceder", como es el caso de un sistema sostenible, universal y de calidad, por lo que se manifestó contrario a ese copago y a mantener la gratuidad.

Sobre el informe de Cáritas que alertó de la pobreza infantil en España y la credibilidad que le concedía, José Julio Fernández afirmó que le ofrece "toda la credibilidad que tiene una ONG prestigiosa" y agregó que "Cáritas hace muy buenas investigaciones como ONG de mucha credibilidad", aunque reconoció que no tiene tantos medios como el INE o el Eurostat.

De los desahucios, comentó que la situación es un poco mejor, pero alertó de que existe una "bolsa de casos parados", tanto por la intervención de la institución que encarna como la presión social, que podrían "reactivarse" en los próximos meses.

Preguntado por las llamadas a la desaparición de estas instituciones en el ámbito autonómico, afirmó que respondía como constitucionalista y calificó de "falacia" considerar que sobran mecanismos de garantía de derechos.

Explicó que en un Estado descentralizado como el español, estas figuras han funcionado "adecuadamente bien", insistió en que "los logros en derechos no deben ir hacia atrás" y dijo que así es también en el derecho comparado.

Para José Julio Fernández, la propuesta de eliminar estas instituciones es "un sinsentido jurídico", cuando el Defensor del Pueblo, además, no puede responder ante el Parlamento de Galicia y el Valedor no puede hacerlo ante las Cortes generales.

Reconoció que existen informes en ese sentido, pero consideró que son "poco técnicos y rigurosos".

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