La Xunta ha recibido solo 27 solicitudes de vivienda de personas desahuciadas, a pesar de tener previsto un parque de 500 para este fin.
En este sentido se manifestó el director general del Instituto Galego da Vivenda e o Solo (IGVS), Antonio Boné, a preguntas del socialista Xosé Antón Sánchez Bugallo en comisión parlamentaria.
Sánchez Bugallo había resaltado que la previsión de desahucios en Galicia es superior a las 5.000 viviendas, una realidad frente a la que la Xunta dispone 500, lo que fue considerado por el diputado como una 'cifra reducida para la magnitud de las necesidades', cuando, además, un 'buen número' de las 500 previstas están sin ocupar.
Boné recordó el acuerdo de la Xunta de diciembre para atender estas situaciones y subrayó que las características de las viviendas se deben ajustar a las necesidades de los desahuciados, por lo que es preciso conocer previamente éstas y después localizar la vivienda de realojo cerca de donde viven o trabajan y de acuerdo con el número de miembros de la familia y otras circunstancias.
Como requisitos básicos, señaló disponer de menos de 2,5 veces el indicador Iprem y que la ejecución hipotecaria se haya realizado sobre su vivienda única, con preferencias en función del número de miembros de la familia, presencia de personas con discapacidad, desempleo o víctimas de violencia de género, entre otros.
En cuanto a los costes, no habrán de pagar las familias que ingresen menos del Iprem y los que lo superen, pagarán un alquiler de entre 80 y 150 euros, en función del tamaño de la vivienda y los ingresos de la familia.
Sobre las viviendas ya ocupadas, el director del IGVS informó de que eran 9, siete en Pontevedra y dos en A Coruña, y hay otras 18 en trámite, 14 en Pontevedra y 4 en A Coruña; y calificó de 'curioso' que no se hayan presentado solicitudes en las provincias de Lugo y Ourense.
Sánchez Bugallo resaltó la 'contradicción enorme' entre los miles de afectados y las 27 solicitudes.
El director del IGVS no concretó el número de viviendas previstas en cada una de las siete áreas urbanas, como le había preguntado el diputado, porque, explicó, primero es necesario conocer las características de las familias que las demandan y después disponer de ellas.
Boné aseguró que, si no fuesen suficientes las 500 viviendas previstas, su número se podría ampliar, incluso hasta duplicar la cifra, si es necesario, porque el programa -concluyó- pretende que no quede en la calle ningún desahuciado.
Sánchez Bugallo había resaltado que la previsión de desahucios en Galicia es superior a las 5.000 viviendas, una realidad frente a la que la Xunta dispone 500, lo que fue considerado por el diputado como una 'cifra reducida para la magnitud de las necesidades', cuando, además, un 'buen número' de las 500 previstas están sin ocupar.
Boné recordó el acuerdo de la Xunta de diciembre para atender estas situaciones y subrayó que las características de las viviendas se deben ajustar a las necesidades de los desahuciados, por lo que es preciso conocer previamente éstas y después localizar la vivienda de realojo cerca de donde viven o trabajan y de acuerdo con el número de miembros de la familia y otras circunstancias.
Como requisitos básicos, señaló disponer de menos de 2,5 veces el indicador Iprem y que la ejecución hipotecaria se haya realizado sobre su vivienda única, con preferencias en función del número de miembros de la familia, presencia de personas con discapacidad, desempleo o víctimas de violencia de género, entre otros.
En cuanto a los costes, no habrán de pagar las familias que ingresen menos del Iprem y los que lo superen, pagarán un alquiler de entre 80 y 150 euros, en función del tamaño de la vivienda y los ingresos de la familia.
Sobre las viviendas ya ocupadas, el director del IGVS informó de que eran 9, siete en Pontevedra y dos en A Coruña, y hay otras 18 en trámite, 14 en Pontevedra y 4 en A Coruña; y calificó de 'curioso' que no se hayan presentado solicitudes en las provincias de Lugo y Ourense.
Sánchez Bugallo resaltó la 'contradicción enorme' entre los miles de afectados y las 27 solicitudes.
El director del IGVS no concretó el número de viviendas previstas en cada una de las siete áreas urbanas, como le había preguntado el diputado, porque, explicó, primero es necesario conocer las características de las familias que las demandan y después disponer de ellas.
Boné aseguró que, si no fuesen suficientes las 500 viviendas previstas, su número se podría ampliar, incluso hasta duplicar la cifra, si es necesario, porque el programa -concluyó- pretende que no quede en la calle ningún desahuciado.
