El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza afirmó hoy que el caso Alakrana está siguiendo su curso normal y que no hay razón para apremiar la resolución de los hechos al tiempo que consideró que quizás en este caso debió aplicarse el canje de notas que habría permitido la entrega de los piratas detenidos a Kenia.
En una conferencia impartida hoy dentro de las jornadas sobre 'Persecución de los actos de piratería en las costas somalíes', que se celebra en la localidad pontevedresa de A Estrada, Zaragoza recordó que en este tipo de casos se parte de un problema de base, que es la inexistencia del delito de piratería como tal en el Código Penal español, algo que si figuraba en el código de 1973.
Sin embargo, explicó, estos delitos no quedan sin castigo por la existencia de convenios internacionales que si habilitan a la justicia española para tomar medidas en casos en los que se pueda aplicar el principio de justicia universal. En concreto, el fiscal nombró el Convenio de Ginebra de Alta Mar o el Convenio de Monte GoBay, además de tratados bilaterales entre países de la Unión Europea.
En este punto, también recordó la existencia de dos decisiones de la Unión Europea consistentes en dos canjes de notas con los gobiernos de Kenia y Seychelles para la entrega de piratas somalíes con el objetivo de que sean juzgados en estos países.
CUATRO CASOS DE PIRATERIA
En total, la Audiencia Nacional gestiona en la actualidad con cuatro casos relativos a piratería somalí, el del secuestro del Playa de Bakio, ocurrido en 2008, dos detenciones de piratas en mayo de 2009 y el del secuestro del Alakrana, en octubre de 2009.
En el caso del Playa de Bakio, indicó Zaragoza, la participación judicial española estaba justificada por la presencia de víctimas españolas. Además, recordó la interposición de una demanda contra los poderes estatales por haber permitido que se pagase el rescate y no haber perseguido a los piratas, una querella que fue rechazada por el juez con muy buen criterio.
Por otra parte, el Buque Marqués de la Enseñada detuvo en dos ocasiones en mayo de 2009 hasta un total de 14 piratas en aguas internacionales, cuyo barco se hundía tras intentar el abordaje de dos buques extranjeros. Estos detenidos se pusieron en un primer momento a disposición de la jurisdicción española, aunque finalmente se enviaron a Kenia en virtud del canje de notas dado que no había víctimas ni intereses españoles.
Finalmente, en el caso del Alakrana, el fiscal no mostró ninguna duda acerca de la conveniencia de que sea la jurisprudencia española la que lleve el caso, dado que los intereses están relacionados con el Estado y hay afectados españoles.
Tras el secuestro del buque Alakrana, el día 2 de octubre, se consiguió detener el día 3 del mismo mes a dos piratas que, un día después, fueron trasladados a la autoridad judicial española a través de la abogacía del estado. Evidentemente, cuando la fiscalía informa del proceso, lo lógico es legalizar su situación y acordar prisión provisional, indicó Javier Zaragoza, que planteó que quizás en este caso debió aplicarse también el canje de notas con Kenia.
Una vez finalizado el secuestro, explicó el fiscal, la actuación de la justicia española ha continuado con normalidad, por lo que, aseveró, no hay razón para apremiar este caso.
REFORMA DE LA LOPJ
En relación a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que limita también la aplicación del principio de justicia universal con la modificación del artículo 23.4, Javier Zaragoza consideró que esto provocará una desaceleración en la aplicación de este principio, aunque rechazó que se vaya a producir necesariamente una reducción.
Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha tenido una actividad investigadora superior a la Corte Penal Internacional, explicó Javier Zaragoza, que cifró en 25 los casos que el ente español gestiona, cinco veces más que los que tiene la Corte Penal Internacional.
Consecuentemente, explicó que los casos que juzgue la Audiencia Nacional deberán contar con víctimas españolas, contemplar la presencia del autor en territorio español o tener un nexo de importancia con España, el aspecto que más dará que hablar. Sin embargo, admitió que la mayor parte de los casos que ahora juzga la Audiencia Nacional previsiblemente continuarán a pesar de esta modificación.
Sin embargo, explicó, estos delitos no quedan sin castigo por la existencia de convenios internacionales que si habilitan a la justicia española para tomar medidas en casos en los que se pueda aplicar el principio de justicia universal. En concreto, el fiscal nombró el Convenio de Ginebra de Alta Mar o el Convenio de Monte GoBay, además de tratados bilaterales entre países de la Unión Europea.
En este punto, también recordó la existencia de dos decisiones de la Unión Europea consistentes en dos canjes de notas con los gobiernos de Kenia y Seychelles para la entrega de piratas somalíes con el objetivo de que sean juzgados en estos países.
CUATRO CASOS DE PIRATERIA
En total, la Audiencia Nacional gestiona en la actualidad con cuatro casos relativos a piratería somalí, el del secuestro del Playa de Bakio, ocurrido en 2008, dos detenciones de piratas en mayo de 2009 y el del secuestro del Alakrana, en octubre de 2009.
En el caso del Playa de Bakio, indicó Zaragoza, la participación judicial española estaba justificada por la presencia de víctimas españolas. Además, recordó la interposición de una demanda contra los poderes estatales por haber permitido que se pagase el rescate y no haber perseguido a los piratas, una querella que fue rechazada por el juez con muy buen criterio.
Por otra parte, el Buque Marqués de la Enseñada detuvo en dos ocasiones en mayo de 2009 hasta un total de 14 piratas en aguas internacionales, cuyo barco se hundía tras intentar el abordaje de dos buques extranjeros. Estos detenidos se pusieron en un primer momento a disposición de la jurisdicción española, aunque finalmente se enviaron a Kenia en virtud del canje de notas dado que no había víctimas ni intereses españoles.
Finalmente, en el caso del Alakrana, el fiscal no mostró ninguna duda acerca de la conveniencia de que sea la jurisprudencia española la que lleve el caso, dado que los intereses están relacionados con el Estado y hay afectados españoles.
Tras el secuestro del buque Alakrana, el día 2 de octubre, se consiguió detener el día 3 del mismo mes a dos piratas que, un día después, fueron trasladados a la autoridad judicial española a través de la abogacía del estado. Evidentemente, cuando la fiscalía informa del proceso, lo lógico es legalizar su situación y acordar prisión provisional, indicó Javier Zaragoza, que planteó que quizás en este caso debió aplicarse también el canje de notas con Kenia.
Una vez finalizado el secuestro, explicó el fiscal, la actuación de la justicia española ha continuado con normalidad, por lo que, aseveró, no hay razón para apremiar este caso.
REFORMA DE LA LOPJ
En relación a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que limita también la aplicación del principio de justicia universal con la modificación del artículo 23.4, Javier Zaragoza consideró que esto provocará una desaceleración en la aplicación de este principio, aunque rechazó que se vaya a producir necesariamente una reducción.
Hasta ahora, la Audiencia Nacional ha tenido una actividad investigadora superior a la Corte Penal Internacional, explicó Javier Zaragoza, que cifró en 25 los casos que el ente español gestiona, cinco veces más que los que tiene la Corte Penal Internacional.
Consecuentemente, explicó que los casos que juzgue la Audiencia Nacional deberán contar con víctimas españolas, contemplar la presencia del autor en territorio español o tener un nexo de importancia con España, el aspecto que más dará que hablar. Sin embargo, admitió que la mayor parte de los casos que ahora juzga la Audiencia Nacional previsiblemente continuarán a pesar de esta modificación.
