La concesionaria reclama al Concello de Verín casi 900.000 euros por desistir de su instalación
El Concello de Verín acaba de ser notificado de la demanda interpuesta por la empresa concesionaria de la instalación de los radares en la que le reclama, en el supuesto más desfavorable para las arcas municipales y en el caso de que el juzgado de lo contencioso número 2 de Ourense así lo estime, casi 900.000 euros por el hipotético incumplimiento del contrato por parte de la Administración local.
Entiende la firma adjudicataria del contrato de concesión administrativa para la realización "del servicio de suministro, instalación y mantenimiento de elementos para el control de la seguridad vial en el Concello de Verín", la unión temporal de empresas Bilbomática-Veicar Verín, que "teniendo constancia a través de las públicas comunicaciones de la Alcaldía en medios de comunicación de la decisión municipal de desistir unilateralmente del contrato, esta entidad solicitó la incoación de un expediente de resolución contractual en el que habría que determinarse la procedencia de la misma así como en su caso la indemnización que procediese en favor del contratista".
Sin embargo, y como así refleja en el escrito de demanda, el Concello de Verín desestimó por silencio administrativo esa pretensión de la mercantil demandante.
Y es, precisamente, por esta desestimación y "contra la inactividad del Concello de Verín respecto del cumplimiento de sus obligaciones derivadas del contrato" por la que la entidad BV Verín reclama al consistorio una cuantía de 225.319,69 euros por los costes ya efectivamente asumidos en la preparación y ejecución del contrato, más 631.384,41 euros en concepto del beneficio dejado de obtener. Subsidiariamente de la anterior petición -esto es, en el caso de que el juez no atienda a la primera-, la concesionaria rebaja la pretensión económica en casi 300.000 euros, dado un cálculo más económico de lo dejado de percibir.
"Una concesión que no beneficiaba a Verín"
El alcalde de Verín, Gerardo Seoane, mantiene la tranquilidad por la reclamación recibida de la entidad contratante: "Hemos intentado negociar con ellos y ofrecido alguna alternativa compensatoria, siempre ha estado en nuestro ánimo el ofrecer una solución pactada a un contrato que, lejos de tener un efecto positivo para la ciudadanía, supondría esquilmar los bolsillos de los verinenses hasta en 18 millones de euros en cuatro años, como así considera la propia adjudicataria en su demanda, la que percibiría el 35 por ciento de las sanciones cobradas, esto es, más de 6 millones de euros en cuatro años por la instalación de dos radares y algunos sistemas de detección de vehículos que saltan semáforos en rojo o que acceden al casco viejo sin autorización. Era un negocio más del anterior gobierno", señala el regidor.
