Los constructores de Monterrei contratarán vigilantes para identificar y denunciar a trabajadores que realizan obras de forma ilegal, estando en el paro o ya jubilado, así como no estar dado de alta en la Seguridad Social. El colectivo también realizará un estudio, detallando el número de operarios ilegales y las pérdidas que ocasiona la economía sumergida tanto para el sector del comercio como en la recaudación de impuestos por parte de los concellos.
Estos son los principales acuerdos que alcanzó ayer la Asociación de Constructores de Verín durante la reunión para combatir el intrusismo, a la que asistieron medio centenar de profesionales de diferentes puntos de la comarca.
Pero para ello, primero los empresarios deben tener detrás una 'asociación fuerte', que aglutine a todo el sector de la comarca y que los socios tengan sus cuotas al día, 150 euros al año. 'Temos que ser fortes e loitar como asociación, non formular denuncias individualizadas', explicó el presidente, Rafael López, recalcando que el colectivo lo integran en la actualidad sólo 45 profesionales.
INFORMACIÓN A LOS ALCALDES
Una vez incrementado el número de afiliaciones y realizado el estudio sobre la economía sumergida, la asociación se lo presentará a los distintos alcaldes para reclamar su apoyo y medidas contra el intrusismo, como destinar personal municipal a perseguir a los intrusos o, ante una obra, obligar a los trabajadores a acreditar su legalidad antes de conceder licencia.
Los constructores ya manejan datos económicos, dado que según Rafael López, sólo en los últimos cuatro años, desaparecieron 20 empresas constructoras y entre 10 y 12 talleres vinculados al sector. En la reunión se dejó claro que los trabajadores intrusos ocasionan 100.000 euros de pérdidas cada mes a las empresas que trabajan legalmente, que critican que ante un proyecto de 20.000 euros, los ilegales lo hacen por 5.000.
Los constructores llevaron a la reunión un abogado, Luis Rodríguez, que abogó por plantear el problema en la Administración, incluida la Inspección del Trabajo, pero sin denunciar. 'Las denuncias pueden abrir la caja de los truenos y al final no resuelven el problema', explicó.
Pero para ello, primero los empresarios deben tener detrás una 'asociación fuerte', que aglutine a todo el sector de la comarca y que los socios tengan sus cuotas al día, 150 euros al año. 'Temos que ser fortes e loitar como asociación, non formular denuncias individualizadas', explicó el presidente, Rafael López, recalcando que el colectivo lo integran en la actualidad sólo 45 profesionales.
INFORMACIÓN A LOS ALCALDES
Una vez incrementado el número de afiliaciones y realizado el estudio sobre la economía sumergida, la asociación se lo presentará a los distintos alcaldes para reclamar su apoyo y medidas contra el intrusismo, como destinar personal municipal a perseguir a los intrusos o, ante una obra, obligar a los trabajadores a acreditar su legalidad antes de conceder licencia.
Los constructores ya manejan datos económicos, dado que según Rafael López, sólo en los últimos cuatro años, desaparecieron 20 empresas constructoras y entre 10 y 12 talleres vinculados al sector. En la reunión se dejó claro que los trabajadores intrusos ocasionan 100.000 euros de pérdidas cada mes a las empresas que trabajan legalmente, que critican que ante un proyecto de 20.000 euros, los ilegales lo hacen por 5.000.
Los constructores llevaron a la reunión un abogado, Luis Rodríguez, que abogó por plantear el problema en la Administración, incluida la Inspección del Trabajo, pero sin denunciar. 'Las denuncias pueden abrir la caja de los truenos y al final no resuelven el problema', explicó.
