La masacre que sacudió este lunes Washington DC, el centro neurálgico y militar de Estados Unidos, puso de manifiesto una vez más las grietas en el sistema de seguridad estadounidense, incapaz de frenar ataques incluso en sus instalaciones más vigiladas.
Aunque los atentados del 11 de septiembre de 2001 tuvieron como consecuencia una de las mayores mejoras de seguridad a lo largo y ancho de EEUU, apenas pasan unos meses sin que el país despierte a otra masacre, a menudo en lugares públicos y a manos de individuos que esquivaron los controles de seguridad.
El último episodio de este calado en una instalación militar se produjo en noviembre de 2009, cuando el comandante Nidal Malik Hasan acabó a tiros con la vida de 13 personas en la base de Fort Hood (Texas). Tras aquella tragedia, el Pentágono revisó los procedimientos de seguridad de las instalaciones militares en todo el país, así como las revisiones de antecedentes tanto de miembros de las Fuerzas Armadas como del personal externo contratado.
'Creo que al menos parte de lo que pasó aquí, desde que se implantaron las mejoras en la seguridad tras el 11S, se debe a que hemos ido perdiendo y perdiendo (fuerza) en los procedimientos de seguridad', explicó ayer el experto en seguridad nacional del centro de estudios 'Heritage Fundation', Steve Bucci. El especialista agregó que, según su experiencia, para entrar en las instalaciones de la Armada en Washington atacadas, uno apenas tiene que mostrar un documento válido de identificación, y que ni siquiera las bolsas o mochilas son registradas. Pero aparte de estos procesos, Bucci considera que aunque sea complicado evitar un episodio como este, las agencias federales deben incrementar las revisiones de antecedentes de sus empleados.
LIBRE ACCESO
'El autor de la masacre de este lunes entró de manera legal a las instalaciones. Y pese a todos sus problemas con las armas, con las fuerzas de seguridad y sus ya obvios problemas mentales, continuaba teniendo acceso a una instalación de ese tipo', apuntó.
Aaron Alexis, también muerto durante el tiroteo al ser abatido por la policía, trabajaba como contratista para las Fuerzas Armadas, y había obtenido, como cualquier otro de los 3.000 trabajadores que se encontraban allí, una tarjeta de acceso oficial. Alexis, de 34 años y contratista para las Fuerzas Armadas en Fort Worth (Texas), 'tenía problemas mentales por los que pidió ayuda al Departamento de Veteranos varias veces. Tenía episodios (de descontrol) por los que estaba tratando de conseguir tratamiento', explicó ayer el exasistente de dirección del FBI John Miller.
Según una auditoría del Inspector General del Pentágono, cuyos resultados se publicarán en los próximos días, al menos 52 criminales convictos han tenido acceso indebido a instalaciones militares en años recientes, algo que para EE.UU. se está convirtiendo en muchísimo más que una asignatura pendiente.
El último episodio de este calado en una instalación militar se produjo en noviembre de 2009, cuando el comandante Nidal Malik Hasan acabó a tiros con la vida de 13 personas en la base de Fort Hood (Texas). Tras aquella tragedia, el Pentágono revisó los procedimientos de seguridad de las instalaciones militares en todo el país, así como las revisiones de antecedentes tanto de miembros de las Fuerzas Armadas como del personal externo contratado.
'Creo que al menos parte de lo que pasó aquí, desde que se implantaron las mejoras en la seguridad tras el 11S, se debe a que hemos ido perdiendo y perdiendo (fuerza) en los procedimientos de seguridad', explicó ayer el experto en seguridad nacional del centro de estudios 'Heritage Fundation', Steve Bucci. El especialista agregó que, según su experiencia, para entrar en las instalaciones de la Armada en Washington atacadas, uno apenas tiene que mostrar un documento válido de identificación, y que ni siquiera las bolsas o mochilas son registradas. Pero aparte de estos procesos, Bucci considera que aunque sea complicado evitar un episodio como este, las agencias federales deben incrementar las revisiones de antecedentes de sus empleados.
LIBRE ACCESO
'El autor de la masacre de este lunes entró de manera legal a las instalaciones. Y pese a todos sus problemas con las armas, con las fuerzas de seguridad y sus ya obvios problemas mentales, continuaba teniendo acceso a una instalación de ese tipo', apuntó.
Aaron Alexis, también muerto durante el tiroteo al ser abatido por la policía, trabajaba como contratista para las Fuerzas Armadas, y había obtenido, como cualquier otro de los 3.000 trabajadores que se encontraban allí, una tarjeta de acceso oficial. Alexis, de 34 años y contratista para las Fuerzas Armadas en Fort Worth (Texas), 'tenía problemas mentales por los que pidió ayuda al Departamento de Veteranos varias veces. Tenía episodios (de descontrol) por los que estaba tratando de conseguir tratamiento', explicó ayer el exasistente de dirección del FBI John Miller.
Según una auditoría del Inspector General del Pentágono, cuyos resultados se publicarán en los próximos días, al menos 52 criminales convictos han tenido acceso indebido a instalaciones militares en años recientes, algo que para EE.UU. se está convirtiendo en muchísimo más que una asignatura pendiente.
