Chile elimina el 45 % de minas antipersona para cumplir con Ottawa

Ha logrado desactivar el 45 % de las minas antipersonal que quedaban en las zonas fronterizas del norte y el sur

"El compromiso no solo proviene de una obligación jurídica, proviene más bien de un deber moral, de poder decir lo antes posible Chile es un país libre de minas antipersonales", dijo el Ministro de Defensa, Jorge Burgos, en unas declaraciones a los periodistas.

Por ahora, Chile ha logrado liberar un 40 % de la superficie donde en tiempos de Augusto Pinochet se sembraron las minas y, para 2016, pretenden llegar al 60 %, aunque Burgos admitió que "probablemente va a haber que invertir un poco más".

Del mismo modo, el Coronel Juan Orlando Mendoza, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Desminado, cree que van a tener "que rediseñar y reorganizar algunas tareas" para llegar a 2020.

Dos inspectores de la convención de Ottawa, Juan Carlos Ruan y John McBride, han visitado los territorios en los que opera la Comisión Nacional de Desminado y se han declarado "impresionados" con el avance que Chile ha hecho en el proceso de desactivar minas.

EL inspector McBride recordó que esta es una convención que "puede materializarse: "No es como eliminar la pobreza o curar en mundo de alguna enfermedad, esto es algo concreto que puede resolverse", apostilló.

Además el Ministerio de Defensa se ha mostrado comprometido con la reparación de los daños que han causado estas minas antipersonal que se instalaron en las zonas fronterizas en los años 70.

Por ello ha anunciado un proyecto de ley sobre reparación a las víctimas para otorgar "beneficios tanto económicos como de prótesis a las personas que fueron víctimas del drama y la brutalidad de una mina antipersonal", aclaró Burgos.

Chile ratificó la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersona en 2001 ante las Naciones Unidas, y aunque en primera instancia el plazo para eliminar los artefactos explosivos era hasta el 10 de marzo de 2012, Santiago pidió una prórroga de 8 años.

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