El espionaje telefónico del Gobierno de Estados Unidos a la agencia de noticias AP ha puesto en pie de guerra a los medios de comunicación del país, que aducen que el Departamento de Justicia se excedió en sus poderes y exigen dé marcha atrás. 'El alcance de esta acción pone en tela de juicio la integridad de las políticas del Departamento de Justicia hacia la prensa', asegura una carta respaldada por más de 50 organizaciones y dirigida al fiscal general de Justicia, Eric Holder, y su adjunto, James M. Cole, quien supervisó la operación.
Los firmantes, entre ellos el diario The New York Times y Periodistas sin Fronteras, aseguraron que en los 30 años desde que se publicaron las pautas para lograr citaciones judiciales con las que obtener los registros de llamadas de periodistas no hay precedentes de 'semejante extralimitación' y piden más protección para periodistas y fuentes. 'El que el Departamento de Justicia se sienta con el derecho de obtener secretamente registros telefónicos de decenas de periodistas es contrario a la libertad de prensa garantizada en la Primera Enmienda' de la Constitución, dijo en un comunicado Tony Mauro, presidente del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa. La organización pide al Gobierno que entregue todos los registros telefónicos y destruya todas las copias o, al menos, prohíba el uso adicional de las mismas.
El Departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros de 20 líneas telefónicas correspondientes a abril y mayo de 2012, incluidas líneas de las oficinas de AP en Nueva York y Washington y teléfonos privados de periodistas de la agencia. El Gobierno sostiene que esas medidas buscaban descubrir al responsable de una filtración que 'puso en peligro la vida de estadounidenses'. Todo apunta a que se trata de una noticia de mayo de 2012, en la que informaba de que el Gobierno había frustrado un complot de Al Qaeda para atentar contra un avión con rumbo a Estados Unidos.
El Departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros de 20 líneas telefónicas correspondientes a abril y mayo de 2012, incluidas líneas de las oficinas de AP en Nueva York y Washington y teléfonos privados de periodistas de la agencia. El Gobierno sostiene que esas medidas buscaban descubrir al responsable de una filtración que 'puso en peligro la vida de estadounidenses'. Todo apunta a que se trata de una noticia de mayo de 2012, en la que informaba de que el Gobierno había frustrado un complot de Al Qaeda para atentar contra un avión con rumbo a Estados Unidos.
