Al menos 34 personas (nueve de ellos policías) han muerto y más de cien han quedado heridas en una carretera de la Amazonía peruana cuando la policía desalojó por la fuerza a los indígenas que bloqueaban esta vía vital de comunicación, en protesta por una serie de decretos legislativos.
Según la versión de AIDESEP, principal organización indígena y cabeza de unas protestas que duran ya dos meses, eran 5.000 los nativos que bloqueaban la llamada 'Curva del Diablo', en un lugar llamado Reposo (provincia de Bagua) cuando la policía cargó a las cinco de la madrugada contra ellos.
Desde helicópteros y desde tierra, utilizando fuego real y gases lacrimógenos, la operación de desalojo duró prácticamente toda la mañana, según señalaron varias fuentes.
Luego los desórdenes se extendieron por la ciudad de Bagua, donde los manifestantes prendieron fuego a varias oficinas públicas y del partido Aprista (gobernante), y las movilizaciones seguían esta tarde, en medio de disparos al aire y bombas lacrimógenas, según fuentes del hospital de la ciudad.
La versión de la policía acusa a los indígenas de haber utilizado armas de fuego para evitar su desalojo, y según el director de la Policía, José Sánchez Farfán, hay nueve policías muertos y 45 heridos.
El general Sánchez Farfán explicó al canal N de televisión que los enfrentamientos se produjeron después de que sus agentes tomasen el cerro que domina la 'curva del Diablo', y alrededor de mil nativos aparecieran y abrieran fuego.
Sin embargo, Aidesep niega que sus huestes tengan armas de fuego y aseguran que los agentes fallecieron por fuego cruzado entre los mismos agentes que los acorralaban.
El Colegio Médico de Chachapoyas, en la región donde ocurren los hechos, informó a la emisora de que el número de nativos muertos subió a 25.
El presidente de la Junta de Fiscales superiores de la región Amazonas, Oswaldo Bautista, dijo que la Fiscalía aún no ha establecido una cifra definitiva de muertos, porque están procediendo todavía al levantamiento de cadáveres en tres puntos distintos: Bagua Grande, Bagua Chica y la misma carretera.
Los muertos y los heridos se han distribuido en tres hospitales: el público de Bagua Chica, el Hospital de Jaén y el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande.
En todos estos hospitales, el personal se queja de la falta de medios, que está haciendo que los heridos se desangren sin poder atenderlos.
La enfermera Teresa Romero, del hospital de Bagua Chica, declaró al Canal N que tienen 40 heridos 'todos de bala, han sido balas al cuerpo, a la cabeza, al abdomen, porque ellos (los policías) han querido matar a los hermanos', al tiempo que pedía ayuda porque el hospital se encuentra 'en un caos total, sin camas, con los heridos por el suelo'.
El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, anunció que se denunciará a todos los responsables por las muertes y la destrucción en Bagua, porque 'éstos no son actos de protesta, sino de destrucción, porque hubo muertos, entre ellos policías y civiles inocentes'.
Las protestas de los nativos amazónicos, que pronto cumplirán dos meses, tienen como fin pedir la derogatoria de una serie de decretos legislativos para facilitar las actividades extractivas en la zona, y que los indígenas consideran se han promulgado sin contar con sus derechos sobre sus tierras.
Los bloqueos de carreteras y las tomas de oleoductos han obligado a suspender o restringir el bombeo de gas y petróleo, cuyos principales yacimientos están precisamente en las zonas en conflicto.
Los polémicos decretos, denunciados por algunos grupos políticos y hasta por la Defensoría del Pueblo, llevan ya varias semanas en una suerte de baile legal entre el Congreso y el Consejo de Ministros, y ayer jueves se produjo el tercer aplazamiento de su discusión, lo que ha exasperado a los nativos.
El presidente Alan García adivinó, tras las protestas, intereses ocultos para impedir el desarrollo del país: 'Eso sólo le interesa a potencias petroleras que quieren mantener a otros países como compradores de petróleo y no quieren que desarrollen sus riquezas', dijo, y acusó al líder indígena Alberto Pizango de 'haber caído en un nivel delicuencial'.
Desde helicópteros y desde tierra, utilizando fuego real y gases lacrimógenos, la operación de desalojo duró prácticamente toda la mañana, según señalaron varias fuentes.
Luego los desórdenes se extendieron por la ciudad de Bagua, donde los manifestantes prendieron fuego a varias oficinas públicas y del partido Aprista (gobernante), y las movilizaciones seguían esta tarde, en medio de disparos al aire y bombas lacrimógenas, según fuentes del hospital de la ciudad.
La versión de la policía acusa a los indígenas de haber utilizado armas de fuego para evitar su desalojo, y según el director de la Policía, José Sánchez Farfán, hay nueve policías muertos y 45 heridos.
El general Sánchez Farfán explicó al canal N de televisión que los enfrentamientos se produjeron después de que sus agentes tomasen el cerro que domina la 'curva del Diablo', y alrededor de mil nativos aparecieran y abrieran fuego.
Sin embargo, Aidesep niega que sus huestes tengan armas de fuego y aseguran que los agentes fallecieron por fuego cruzado entre los mismos agentes que los acorralaban.
El Colegio Médico de Chachapoyas, en la región donde ocurren los hechos, informó a la emisora de que el número de nativos muertos subió a 25.
El presidente de la Junta de Fiscales superiores de la región Amazonas, Oswaldo Bautista, dijo que la Fiscalía aún no ha establecido una cifra definitiva de muertos, porque están procediendo todavía al levantamiento de cadáveres en tres puntos distintos: Bagua Grande, Bagua Chica y la misma carretera.
Los muertos y los heridos se han distribuido en tres hospitales: el público de Bagua Chica, el Hospital de Jaén y el Hospital Santiago Apóstol de Bagua Grande.
En todos estos hospitales, el personal se queja de la falta de medios, que está haciendo que los heridos se desangren sin poder atenderlos.
La enfermera Teresa Romero, del hospital de Bagua Chica, declaró al Canal N que tienen 40 heridos 'todos de bala, han sido balas al cuerpo, a la cabeza, al abdomen, porque ellos (los policías) han querido matar a los hermanos', al tiempo que pedía ayuda porque el hospital se encuentra 'en un caos total, sin camas, con los heridos por el suelo'.
El viceministro de Justicia, Erasmo Reyna, anunció que se denunciará a todos los responsables por las muertes y la destrucción en Bagua, porque 'éstos no son actos de protesta, sino de destrucción, porque hubo muertos, entre ellos policías y civiles inocentes'.
Las protestas de los nativos amazónicos, que pronto cumplirán dos meses, tienen como fin pedir la derogatoria de una serie de decretos legislativos para facilitar las actividades extractivas en la zona, y que los indígenas consideran se han promulgado sin contar con sus derechos sobre sus tierras.
Los bloqueos de carreteras y las tomas de oleoductos han obligado a suspender o restringir el bombeo de gas y petróleo, cuyos principales yacimientos están precisamente en las zonas en conflicto.
Los polémicos decretos, denunciados por algunos grupos políticos y hasta por la Defensoría del Pueblo, llevan ya varias semanas en una suerte de baile legal entre el Congreso y el Consejo de Ministros, y ayer jueves se produjo el tercer aplazamiento de su discusión, lo que ha exasperado a los nativos.
El presidente Alan García adivinó, tras las protestas, intereses ocultos para impedir el desarrollo del país: 'Eso sólo le interesa a potencias petroleras que quieren mantener a otros países como compradores de petróleo y no quieren que desarrollen sus riquezas', dijo, y acusó al líder indígena Alberto Pizango de 'haber caído en un nivel delicuencial'.
