Una misión de la CIDH investigará la tragedia en la cárcel hondureña

Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitará Honduras para investigar las causas del incendio en la Granja Penal de Comayagua que ha causado la muerte de más de 350 presos, anunció hoy la OEA.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, ha solicitado a la presidenta de la CIDH, Dinah Shelton, que envíe una delegación a Honduras para investigar 'los sucesos que desembocaron en la tragedia carcelaria', agregó el organismo en un comunicado.

Esa delegación de la CIDH, entidad autónoma de la OEA que vela por el respeto de los derechos humanos, incluiría al Relator para las Personas Privadas de Libertad, Rodrigo Escobar.

Además, esa misión deberá presentar un 'informe exhaustivo' al Gobierno hondureño y a la OEA sobre el incendio registrado hacia la medianoche de este miércoles.

La cifra de muertos en el siniestro puede elevarse a 357, según dijo a Efe el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, aunque el titular de Seguridad declaró a periodistas que hasta ahora solo se ha confirmado 272.

La CIDH deploró el suceso y urgió al Estado a tomar las medidas necesarias para investigar 'debidamente' esta tragedia y evitar que se repita.

La CIDH subrayó en un comunicado que el Estado tiene que garantizar 'los estándares internacionales con el fin de salvaguardar la vida e integridad personal de los reclusos' y tomar las medidas necesarias para prevenir situaciones de riesgo que amenacen gravemente los derechos de los detenidos.

'Los Estados tienen el deber de garantizar que los centros penitenciarios cuenten con estructuras adecuadas y seguras, así como con medios idóneos, planes de acción y personal suficiente y capacitado para mantener la seguridad en los centros penales y hacer frente a este tipo de situaciones de emergencia', añadió.

La CIDH considera que el hacinamiento, 'además de constituir en sí mismo una forma de trato cruel, inhumano y degradante', es un factor de riesgo para la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad.

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