El vicepresidente está acusado de presunto cohecho y negociaciones incompatibles por el cargo
El procesamiento del vicepresidente argentino, Amado Boudou, en un caso de presunta corrupción ha sacudido el escenario político, con un Gobierno que por el momento calla y una oposición que reclama el alejamiento del funcionario. Boudou fue procesado en la noche del viernes por presunto cohecho y negociaciones incompatibles con su cargo, delitos penados con hasta 6 años de prisión, una medida judicial que no registra precedentes en el país suramericano.
La decisión fue adoptada por el juez Ariel Lijo, que investiga la compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone, presuntamente por parte de Boudou y de un socio. La operación se habría concretado en 2010, mientras Boudou dirigía el Ministerio de Economía.
La defensa de Boudou anticipó ayer que el próximo viernes apelará el procesamiento, en medio del silencio del vicepresidente, que se encuentra en un visita oficial en Cuba, y del Gobierno que, hasta ahora, no se ha pronunciado. El abogado de Boudou, Diego Pirota, opinó que el auto de procesamiento, de 333 páginas, contiene "varias inconsistencias" y que todo lo sucedido es "una farsa".
Pirota sostuvo que el magistrado "no necesitaba escuchar a nadie" y que ya tenía decidida esta resolución "antes de tomar las indagatorias". Boudou declaró ante el juez el pasado 9 de junio y había solicitado el viernes, horas antes de conocerse su procesamiento, ampliar su indagatoria.
Otros procesados
Lijo procesó además a un socio de Boudou y a un supuesto testaferro del vicepresidente, así como a otras tres personas implicadas en el caso. "Tengo satisfacción porque creo que con todas las dificultades y con todos nuestros defectos, el Ministerio Público y la Justicia federal cumplió con su convicción de hacer lo que debía", dijo ayer el fiscal del caso, Jorge Di Lello. El fiscal explicó que ahora debe concluir la instrucción de la causa "y con el resultado final después quedaría elevar a juicio oral".
Boudou, que ocupó la cartera de Economía entre 2009 y 2011, es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser procesado en un caso de corrupción. Mientras nadie en el Gobierno de la presidente Cristina Fernández ha dicho de momento una palabra sobre la decisión judicial, la oposición reclama que Boudou renuncie, pida licencia o que cualquiera de estas dos opciones se las exija la mandataria. Además, varios dirigentes opositores insisten en impulsar el juicio político a Boudou, quien también es presidente del Senado.
Para el diputado y exvicepresidente Julio Cobos, de la Unión Cívica Radical, "los fundamentos de la resolución del juez Ariel Lijo son causa suficiente para el inicio del juicio político del vicepresidente". Sin embargo, otros opositores reconocieron la dificultad para impulsar un juicio político ya que el oficialismo tiene mayoría parlamentaria.
Por eso, la diputada Margarita Stolbitzer, del Frente Amplio Progresista, pidió a los parlamentarios oficialistas hacer un "acto patriótico" y habilitar un juicio político. La decisión judicial ha sorprendido a Boudou en Cuba, primera escala de una gira internacional que inició el jueves y que debería concluir la próxima semana en Panamá.
