"El Gobierno quiere intensificar el diálogo porque reconoce que pasamos por un momento de dificultades" ha dicho la presidenta
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, está dispuesta a intensificar el diálogo para atender las reivindicaciones de los manifestantes que protestaron contra su Gobierno el domingo, pero está preocupada con la intolerancia de algunos de sus críticos, dijo hoy uno de sus portavoces.
"El Gobierno quiere intensificar el diálogo porque reconoce que pasamos por un momento de dificultades, que queremos superar con diálogo, pero mientras se respeten las instituciones y sin ese ambiente de intolerancia", afirmó el ministro de Comunicación Social, Edinho Silva, en una rueda de prensa.
Silva señaló que las protestas del domingo fueron el principal asunto abordado por la jefe de Estado en la reunión de dos horas que tuvo hoy con varios de sus ministros, con sus portavoces en el Congreso y con los dirigentes de los partidos oficialistas.
Agregó que la presidenta considera que las manifestaciones fueron importantes y normales dentro de la democracia, y que está dispuesta a dialogar con quienes protestan contra su Gobierno pese a que las protestas del domingo movilizaron menos personas que las dos marchas previas convocadas por organizaciones sociales este año.
"Es evidente que hubo una reducción. No lo digo yo, lo dice la prensa. Pero para nosotros no dejan de ser importantes. Reconocemos su importancia y que (sus reivindicaciones) tienen que ser consideradas", aseguró.
Las protestas del domingo, con cerca de 900.000 participantes en 205 ciudades según la prensa, fueron convocadas por grupos opositores ajenos a la política formal, pero la movilización no alcanzó la de las otras dos realizadas este año, que llegaron a congregar a hasta 2,5 millones de personas en 250 ciudades.
Según Silva, la jefa de Estado quiere intensificar el diálogo iniciado este mes con los partidos políticos, el Congreso, los empresarios y los movimientos sociales para atender también las reivindicaciones de quienes se manifestaron contra el Gobierno.
Añadió que, además de dialogar, el Gobierno seguirá el trabajo con el programa con el que intenta superar las dificultades económicas enfrentadas por el país, que incluye un ajuste fiscal y diferentes medidas sugeridas por el Congreso.
De acuerdo con el ministro, la gobernante, cuya popularidad cayó al mínimo histórico de 8 %, considera que las propias dificultades que enfrenta el país son las que estimulan las manifestaciones.
Además de una crisis política y del malestar generado por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera Petrobras, que ha salpicado a decenas de grandes empresas y políticos, Brasil se enfrenta una grave crisis económica.
Según las últimas proyecciones de los expertos, la economía brasileña sufrirá una contracción de cerca del 2,0 % en 2015 y del 0,15 % en 2016, lo que supone una recesión que ya siente la población, que se enfrenta a la mayor inflación del país en los últimos doce años y una tasa creciente de desempleo.
"Estamos abiertos al diálogo y a sugerencias. La aprobación de las medidas que propusimos y el diálogo con el Congreso, los empresarios y la sociedad nos darán condiciones para reanudar el crecimiento", afirmó.
Silva dijo que el Gobierno respeta los manifestantes pese a que algunas tenían reclamaciones antidemocráticas, e hizo referencia a los pequeños grupos que defendían un golpe militar, la renuncia de la presidenta, que el Congreso la someta a un juicio político para destituirla o la exclusión del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) de la política.
En las manifestaciones fueron comunes las pancartas pidiendo la salida de Rousseff y de su antecesor y padrino político, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, así como adjetivos despectivos contra el PT, una de cuyas sedes fue invadida anoche en el cuarto ataque contra el partido oficialista este año.
Según una encuesta divulgada hoy por la firma Datafolha, el 85 % de las personas que protestaron en Sao Paulo, la mayor ciudad del país, considera que la gobernante debe renunciar y un 82 % apoya el juicio político para destituirla.
El ministro manifestó la preocupación del Gobierno con el grado de intolerancia de algunos de sus críticos.
"Reconocemos que pasamos por un momento difícil, pero tenemos que trabajar para poner fin a ese ambiente de intolerancia. Brasil siempre convivió con la diversidad. Hay que combatir esa intolerancia. El Gobierno está haciendo su parte pero queremos que toda la sociedad también participe en ese esfuerzo", dijo.
Silva acusó a los partidos de oposición de difundir la intolerancia aunque admitió que algunos partidos oficialistas también tienen su responsabilidad en el problema.
