La sentencia firme en el mes de julio del pasado 2021 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dando la razón a los comuneros de Cristimil y A Torre, en el sentido de que son los titulares de las 15 hectáreas de terreno en donde se construyó el Centro de Interpretación Castrexa, en el Castro de San Cibrao de Las, obliga ahora a la Xunta de Galicia, promotora del proyecto, a negociar una solución tal y como pedían los propietarios.
El Concello de San Amaro actuó como intermediario entre ambas partes en este conflicto que estallaba en el 2015, cuando los comuneros recibían la calificación como “monte en man común” y pedían a la Administración autonómica alguna compensación como pequeñas obras o creación de puestos de trabajo para los vecinos. No hubo respuesta, y por ello siguieron la vía judicial.
Ahora la Xunta ofrece 70.000 euros por las 15 hectáreas con la intención de hacerse con ellas mediante una expropiación amistosa. No obstante, los comuneros consideran que es una cuantía insuficiente porque “nos colleron o corazón do monte comunal”, señala el presidente de la comunidad de montes, José Modesto Rodríguez.
Por ese motivo, los comuneros, contando con el apoyo del Concello y del alcalde, Fernando Rodríguez Redondo, han encargado a un ingeniero una segunda valoración. “Será despois o xuíz, coas dúas tasacións, quen decida o precio da expropiación”, matiza el presidente, quien apunta que “entre 2016 e 2019, o centro ingresou máis de 100.000 euros en entradas”.
Entre tanto, señalaba José Modesto Rodríguez que “confío no alcalde para resolver o embargo da nosa conta”. Hasta el 2020, el edificio del Centro de Interpretación Castrexa figuraba en el registro como propiedad de la Xunta de Galicia, tras ser cedido el terreno en donde se ubicó por parte del Concello, que lo había registrado como patrimonio municipal en 1984. Sin embargo, por motivos que desconocen, pasó a figurar el inmueble como propiedad de los comuneros, “cando a sentenza sinala que nós somos os donos do monte e a Xunta do edificio”. En consecuencia, reclaman a la Comunidad de Montes el IBI correspondiente a los últimos tres años, y por ese motivo ha sido embargada su cuenta corriente.
