Las obras de A Veracruz ascienden a 1,2 millones de euros

La adjudicataria de las obras de construcción de la plaza de A Veracruz de Carballiño sostiene que la tramitación y ejecución ha seguido todos los cauces legales, una vez conocida la denuncia de un empresario de demoliciones. Además, aclaran que el precio de adjudicación fue de 1,2 millones de euros y no 950.000 como aseguran las autoridades locales.
El proceso de licitación, adjudicación y ejecución inicial de las obras en la plaza del templo carballiñés de A Veracruz, ‘siguió todos los cauces legales y tenemos todos los papeles en regla’, señalaron fuentes de la empresa ‘Extraco’, que recibió la concesión de los trabajos de la Consellería de Infraestructuras.

Esta constructora llevó a cabo la pasada semana el derribo de un galpón situado en el entorno del atrio parroquial, y por este motivo fue denunciada -junto con el Concellopor Avelino Prado Martínez, gerente de ‘Demoliciones A Peniña’.

Este empresario presentó ante la Inspección de Trabajo la documentación que acredita la adjudicación -en mayo de 2009de la demolición del citado inmueble por parte de la concejalía de Obras y Urbanismo de Carballiño. Prado Martínez también incorporó al proyecto de derribo el plan de seguridad previsto por la normativa sanitaria para el manejo de la cubierta de fibrocemento del galpón, ya que contiene amianto, un elemento químico considerado cancerígeno.

El anterior responsable del departamento de Urbanismo, Edelmiro Mateo, apuntó que ‘a concesión a Avelino Prado só foi de palabra’, mientras que el actual, Manuel Amil, alegó desconocimiento del tema, si bien aseguró que ‘a adxudicataria da Xunta tiña que encargarse da demolición’. Por otra parte, las mismas fuentes de ‘Extraco’ aclararon que el precio de adjudicación de las obras asciende a 1,2 millones de euros, ‘y no 950.000 euros como afirmaron las autoridades locales’.

POLÉMICA

Prado estudia reclamar daños
El empresario de ‘Demoliciones A Peniña’ se siente agraviado por el Concello, ‘xa que non puden levar a cabo o derrubo do galpón a pesares de ter constancia escrita da autorización municipal para facelo’. Avelino Prado añade que ‘visar o proxecto de demolición ante o Colexio de Arquitectos e o de seguridade ante a Inspección de Traballo supón un desembolso económico importante’. Así, estudiará la presentación de una demanda civil contra el Concello ‘reclamando danos e perxuizos’.

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