Las viviendas de protección pública de Carballeda de Avia no disponen de suministro de agua. El PP responsabiliza al alcalde de no llegar a un acuerdo con la comunidad de aguas, que gestiona el servicio, para que puedan ser ocupadas antes de que finalicen las obras de la traída municipal. Los 13 propietarios están a la espera y no están dispuestos a pagar la cuota de enganche. El Concello afirma que Vivenda acaba de rematar las obras y la comunidad insiste en que el Concello debe abonar la conexión.
Los 13 adjudicatarios de las viviendas de protección pública de Carballeda de Avia están a la espera de que la Consellería de Vivenda se las entregue para pasar a ocuparlas. El Partido Popular responsabiliza al alcalde socialista del retraso, manifestando que la Administración pide para entregar las casas que tengan acceso al agua potable, cosa que no sucede actualmente, señaló el concejal Lorenzo González. El regidor Luis Milia considera que no existe tal retraso dado que estaban fai unhos días rematando as obras, e a consellería está aínda na fase de adxudicación. No obstante, el problema de fondo radica en el conflicto surgido durante el pasado mes de agosto, cuando la comunidad de usuarios que gestiona el servicio, procedía a dejar sin suministro a la casa consistorial. Su presidente, José Manuel Justo, manifestó que o Concello fixo unha canalización clandestina, nin puxo contador, a nós non nos consta como usuario e por iso lle cortamos a auga.
Esa decisión motivó al alcalde a presentar un contencioso administrativo basándose en que se cortó el suministro sin seguir los cauces legales que señalan los estatutos de la comunidad y la Ley de Aguas. Milia apunta que la comunidad tendría que nombrar primeramente un jurado de sanciones, después comunicárselo al Concello y, finalmente, recurrir a la vía de apremio antes de dejar al consistorio sin agua. Además, indicó el regidor que para cortala o presidente abriu unha rúa e rompeu a tubería, polo que tivemos que recurrir a un depósito para reanudar o servizo. El juicio está previsto en el Juzgado número dos de Ourense el próximo 24 del mes de enero.
Mientras el PP insiste en que la Consellería de Vivenda intenta solucionar el problema llamando a ambas partes al diálogo. Luis Milia afirma que é algo que teñen que resolver os propieta rios coa comunidade de usuarios, o que pasa é que quérenlles cobrar polo enganche 480 euros ós que son veciños de Carballeda e 660 ós propietarios que son de fora, e como falta só un mes para rematar as obras da traída municipal, por iso non aceptaron, porque despois seralles gratis. Benito Barba, uno de los propietarios afectados, manifestó que estamos á espera, porque por un mes ou dous non nos compensa pagar, mientras, Manuel Justo opina que el Concello debería asumir el gasto.
Esa decisión motivó al alcalde a presentar un contencioso administrativo basándose en que se cortó el suministro sin seguir los cauces legales que señalan los estatutos de la comunidad y la Ley de Aguas. Milia apunta que la comunidad tendría que nombrar primeramente un jurado de sanciones, después comunicárselo al Concello y, finalmente, recurrir a la vía de apremio antes de dejar al consistorio sin agua. Además, indicó el regidor que para cortala o presidente abriu unha rúa e rompeu a tubería, polo que tivemos que recurrir a un depósito para reanudar o servizo. El juicio está previsto en el Juzgado número dos de Ourense el próximo 24 del mes de enero.
Mientras el PP insiste en que la Consellería de Vivenda intenta solucionar el problema llamando a ambas partes al diálogo. Luis Milia afirma que é algo que teñen que resolver os propieta rios coa comunidade de usuarios, o que pasa é que quérenlles cobrar polo enganche 480 euros ós que son veciños de Carballeda e 660 ós propietarios que son de fora, e como falta só un mes para rematar as obras da traída municipal, por iso non aceptaron, porque despois seralles gratis. Benito Barba, uno de los propietarios afectados, manifestó que estamos á espera, porque por un mes ou dous non nos compensa pagar, mientras, Manuel Justo opina que el Concello debería asumir el gasto.
