La llegada del Partido Popular al Gobierno central no sólo pondrá caras nuevas en puestos de relevancia en Madrid sino también en las provincias con delegaciones, direcciones o jefaturas cuyas competencias no están transferidas a las comunidades autónomas.
La mayor parte de los cargos de libre designación en Ourense están desempeñados por personas con un perfil muy técnico -alguno de ellos con más de 10 años a sus espaldas, lo que significa que han sobrevivido a varios cambios de gobierno-, lo que garantiza su continuidad. Por contra, aquellos con mayor significación ideológica se verán abocados al recambio.
Este es el caso del subdelegado del Gobierno de Ourense, Camilo Ocampo, quien asumió este puesto con el primer gobierno de Zapatero hace algo más de siete años. Al tratarse del máximo responsable de la Administración Central en una provincia, será el principal nombramiento que asuman los recién llegados al Gobierno cuando empiecen a mirar hacia las administraciones periféricas.
Otra de las instituciones que con toda probabilidad tendrá nuevo titular es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, cuya presidencia ostenta Francisco Félix Fernández Liñares desde el 16 de julio de 2008. En su designación, ya habían prevelecido criterios políticos habida cuenta que abandonó el Concello de Lugo, donde estuvo con el PSOE al frente de la Concejalía de Urbanismo de Lugo, para aterrizar en Ourense y dirigir la primera etapa del organismo de cuenca, sin experiencia en esas lides.
Los que con toda probabilidad continuarán, aunque se trate de cargos de confianza, por su largo periplo en sus respectivas competencias son Pilar Sánchez Cuervo, máxima responsable de la Inspección de Trabajo desde noviembre de 1994, así como Maribel Fariñas, delegada del Instituto Nacional de Estadística desde hace dos décadas, o Javier García, delegado de Hacienda desde 1992, desde que se creó este ente.
Algo parecido le ocurre al cabeza visible de la Agencia Tributaria en Ourense, Emilio Sánchez Seco, quien ostenta el cargo de delegado desde hace nueve años, y a Adolfo Güel, responsable de la Unidad de Carreteras desde hace 14.
Las incógnitas por ahora se ciernen en torno a la continuidad de dos cargos que cambiaron con la llegada del PSOE al gobierno. Es el caso de la responsable de MUFACE, cuya dirección detenta Margarita Cortegoso desde febrero de 2006, y el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería, Jesús Blanco, en el puesto desde junio de 2004.
Con respecto a los casi recién llegados, nadie pone en duda su continuidad. Sería el caso del jefe provincial de Tráfico desde hace dos años, David Llorente ; la directora de la cárcel de Pereiro, Silvia Alonso (incorporada a principios de año); y el jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones, Tomás Díaz (desde junio de 2009). En este último caso, no sólo se requiere estar adscrito a un determinado grupo dentro de la función pública sino una titulación específica, ingeniero superior o técnico en Telecomunicaciones. Manuel Junco, al frente de la Gerencia territorial del Catastro, figura desde hace tres años.
Otros dos altos cargos que cambiarán por distintas razones son el subdelegado de Defensa, Ramón Rey Vich, quien en julio de 2012 acaba un periplo de seis años (estos nombramientos no se prorrogan más tiempo y, de lo contrario, habría que motivarlo); la dirección del Servicio Público de Empleo está actualmente vacante tras la dimisión voluntaria de Fátima Rosende.
Este es el caso del subdelegado del Gobierno de Ourense, Camilo Ocampo, quien asumió este puesto con el primer gobierno de Zapatero hace algo más de siete años. Al tratarse del máximo responsable de la Administración Central en una provincia, será el principal nombramiento que asuman los recién llegados al Gobierno cuando empiecen a mirar hacia las administraciones periféricas.
Otra de las instituciones que con toda probabilidad tendrá nuevo titular es la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, cuya presidencia ostenta Francisco Félix Fernández Liñares desde el 16 de julio de 2008. En su designación, ya habían prevelecido criterios políticos habida cuenta que abandonó el Concello de Lugo, donde estuvo con el PSOE al frente de la Concejalía de Urbanismo de Lugo, para aterrizar en Ourense y dirigir la primera etapa del organismo de cuenca, sin experiencia en esas lides.
Los que con toda probabilidad continuarán, aunque se trate de cargos de confianza, por su largo periplo en sus respectivas competencias son Pilar Sánchez Cuervo, máxima responsable de la Inspección de Trabajo desde noviembre de 1994, así como Maribel Fariñas, delegada del Instituto Nacional de Estadística desde hace dos décadas, o Javier García, delegado de Hacienda desde 1992, desde que se creó este ente.
Algo parecido le ocurre al cabeza visible de la Agencia Tributaria en Ourense, Emilio Sánchez Seco, quien ostenta el cargo de delegado desde hace nueve años, y a Adolfo Güel, responsable de la Unidad de Carreteras desde hace 14.
Las incógnitas por ahora se ciernen en torno a la continuidad de dos cargos que cambiaron con la llegada del PSOE al gobierno. Es el caso de la responsable de MUFACE, cuya dirección detenta Margarita Cortegoso desde febrero de 2006, y el director provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y Tesorería, Jesús Blanco, en el puesto desde junio de 2004.
Con respecto a los casi recién llegados, nadie pone en duda su continuidad. Sería el caso del jefe provincial de Tráfico desde hace dos años, David Llorente ; la directora de la cárcel de Pereiro, Silvia Alonso (incorporada a principios de año); y el jefe provincial de la Inspección de Telecomunicaciones, Tomás Díaz (desde junio de 2009). En este último caso, no sólo se requiere estar adscrito a un determinado grupo dentro de la función pública sino una titulación específica, ingeniero superior o técnico en Telecomunicaciones. Manuel Junco, al frente de la Gerencia territorial del Catastro, figura desde hace tres años.
Otros dos altos cargos que cambiarán por distintas razones son el subdelegado de Defensa, Ramón Rey Vich, quien en julio de 2012 acaba un periplo de seis años (estos nombramientos no se prorrogan más tiempo y, de lo contrario, habría que motivarlo); la dirección del Servicio Público de Empleo está actualmente vacante tras la dimisión voluntaria de Fátima Rosende.
