Legalizar las vallas publicitarias de la ciudad es el objetivo de un plan que está llevando a cabo el Concello de Ourense para acabar con la instalación indiscriminada de este tipo de estructuras. Los técnicos municipales ya han comprobado que 245 de estas vallas se encuentran en situación irregular, lo que supone el 90% del total de vallas de la ciudad. Pretenden identificar a sus propietarios para requerirles que las legalicen o, en caso de no ser posible por su ubicación, procedan a su retirada.
Crecen como setas y la mayoría lo hace, además, en secreto. Aunque cueste creer que una estructura de unos ocho metros de ancho y tres de largo pueda aparecer en un punto concreto como por arte de magia, el Concello de Ourense ha detectado que alrededor de 245 vallas publicitarias de la ciudad -el 90% del total- son ilegales.
Dentro del plan de legalización de publicidad urbana y tras un proceso de investigación para determinar la situación de todas estas estructuras, los técnicos municipales tratan ahora de determinar quiénes son los propietarios de las vallas para requerir su legalización y, si no es posible, su retirada. É un esforzo moi grande, xa que existe moita picaresca neste tema. A valla ten un teléfono e hai que averiguar quen son os donos das vallas. Atopámonos empresas de Bilbao, de Vigo... En moitos casos, o nome comercial non é o mesmo que o da sociedade e eso pode dificultar a súa identificación, explican fuentes de la Concejalía de Urbanismo. De hecho, la investigación sobre los propietarios de estas vallas ilegales ha dado respuestas de todo tipo: desde una asociación de discapacitados que soporta publicidad política hasta empresas o personas particulares.
Impunidade
En el Concello creen que moitos utilizan un nome como pantalla e estamos comprobando que medran como champiñóns e que as colocan aproveitándose da impunidade da noite. Una vez que los técnicos tienen el punto exacto de ubicación de las vallas publicitarias, comienza su proceso de legalización, en caso de que sea posi ble. Algunhas delas non son legalizables por estar en dominio público, zonas verdes ou en puntos das estradas onde Tráfico non as permite, dicen en el Concello. Las legalizables, han de obtener una licencia de obra mayor o menor, dependiendo del tamaño.
El periodo para legalizarlas es de tres meses y, una vez pasado este tiempo si no cumplen la legalidad, los propietarios de las vallas han de retirarlas y, de no hacerlo, se le imponen multas coercitivas y es el Concello quien las retira, pasando después cuenta a los dueños para que abonen los costes. No en vano, la retirada de algunas de estas vallas puede alcanzar un precio que oscila en alrededor de unos 1.000 euros, en función del tamaño de la estructura y también de su lugar de ubicación.
Multas de entre 300 y 6.000 euros por las infracciones
La instalación ilegal de estas vallas acarrea multas que van desde 300 a 6.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción. Así, si la valla está instalada en una zona verde de la ciudad, se considera una infracción grave, mientras que si está en una finca privada y cuenta con el permiso del propietario del terreno es leve. Además de esta sanción económica, en caso de que no se retire la valla si el Concello lo requiere, la administración podrá imponer multas coercitivas.
Los responsables de estas vallas pueden ingresar una media de 300 euros mensuales -el precio varía en función de las fechas y así, por ejemplo, en campaña electoral son más caras- de las empresas anunciantes, que carecen de todo tipo de responsabilidad sobre la situación de estas estructuras.
Además de detectar las vallas ilegales, el plan que lleva a cabo el Concello pretende también dar la oportunidad a las empresas que se dediquen a este tipo de negocio para que puedan instalar estas estructuras conforme a la ley, además de permitir que las que ya las han instalado puedan legalizarlas. Cuando las vallas están cerca de la red viaria es necesario que los responsables de carreteras hagan un informe sobre su viabilidad.
Dentro del plan de legalización de publicidad urbana y tras un proceso de investigación para determinar la situación de todas estas estructuras, los técnicos municipales tratan ahora de determinar quiénes son los propietarios de las vallas para requerir su legalización y, si no es posible, su retirada. É un esforzo moi grande, xa que existe moita picaresca neste tema. A valla ten un teléfono e hai que averiguar quen son os donos das vallas. Atopámonos empresas de Bilbao, de Vigo... En moitos casos, o nome comercial non é o mesmo que o da sociedade e eso pode dificultar a súa identificación, explican fuentes de la Concejalía de Urbanismo. De hecho, la investigación sobre los propietarios de estas vallas ilegales ha dado respuestas de todo tipo: desde una asociación de discapacitados que soporta publicidad política hasta empresas o personas particulares.
Impunidade
En el Concello creen que moitos utilizan un nome como pantalla e estamos comprobando que medran como champiñóns e que as colocan aproveitándose da impunidade da noite. Una vez que los técnicos tienen el punto exacto de ubicación de las vallas publicitarias, comienza su proceso de legalización, en caso de que sea posi ble. Algunhas delas non son legalizables por estar en dominio público, zonas verdes ou en puntos das estradas onde Tráfico non as permite, dicen en el Concello. Las legalizables, han de obtener una licencia de obra mayor o menor, dependiendo del tamaño.
El periodo para legalizarlas es de tres meses y, una vez pasado este tiempo si no cumplen la legalidad, los propietarios de las vallas han de retirarlas y, de no hacerlo, se le imponen multas coercitivas y es el Concello quien las retira, pasando después cuenta a los dueños para que abonen los costes. No en vano, la retirada de algunas de estas vallas puede alcanzar un precio que oscila en alrededor de unos 1.000 euros, en función del tamaño de la estructura y también de su lugar de ubicación.
Multas de entre 300 y 6.000 euros por las infracciones
La instalación ilegal de estas vallas acarrea multas que van desde 300 a 6.000 euros dependiendo de la gravedad de la infracción. Así, si la valla está instalada en una zona verde de la ciudad, se considera una infracción grave, mientras que si está en una finca privada y cuenta con el permiso del propietario del terreno es leve. Además de esta sanción económica, en caso de que no se retire la valla si el Concello lo requiere, la administración podrá imponer multas coercitivas.
Los responsables de estas vallas pueden ingresar una media de 300 euros mensuales -el precio varía en función de las fechas y así, por ejemplo, en campaña electoral son más caras- de las empresas anunciantes, que carecen de todo tipo de responsabilidad sobre la situación de estas estructuras.
Además de detectar las vallas ilegales, el plan que lleva a cabo el Concello pretende también dar la oportunidad a las empresas que se dediquen a este tipo de negocio para que puedan instalar estas estructuras conforme a la ley, además de permitir que las que ya las han instalado puedan legalizarlas. Cuando las vallas están cerca de la red viaria es necesario que los responsables de carreteras hagan un informe sobre su viabilidad.
