El juez decano de Ourense declara durante dos horas y media en la sede del TSXG. La exedil de Urbanismo acusa a Álvarez de haber prevaricado en su imputación por el caso de la plaza de San Antonio.
El abogado José Luis Gutiérrez Aranguren, que representa a la exconcejala del PSdeG en Ourense Áurea Soto, ha asegurado que hay un "delito clarísimo" en el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, después de que este prestase declaración ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en relación a la querella contra él por un presunto delito de prevaricación.
El juez decano de Ourense ha declarado este viernes durante casi dos horas y media en el TSXG, donde no ha querido atender a los medios de comunicación ni antes ni después de su declaración.
El TSXG acordó admitir a trámite la querella presentada por la antigua concejal de Urbanismo de Ourense Áurea Soto y el abogado externo Carlos Hernández contra el juez decano de la localidad por la presunta comisión de un delito de prevaricación.
La denuncia de la exconcejala se basa en el caso de la plaza San Antonio. Áurea Soto acusó a Leonardo Álvarez de haber llegado a falsificar un auto para poder procesarla.
A la salida de la citación, en declaraciones a los periodistas, José Luis Gutiérrez Aranguren ha dado detalles sobre la declaración del juez decano ante el TSXG, donde, según ha comentado este letrado, el investigado ha tachado de "farragoso" el auto en el que se basa su querella y "haciendo lecturas sesgadas" del mismo.
"Lógicamente no era esperable que el investigado fuera a reconocer ningún tipo de error y llegó a cuestionar resoluciones del TSXG en relación a la materia contencioso-administrativa diciendo que el auto en el que se basa la querella es farragoso y haciendo lecturas sesgadas", afirmó Aranguren.
Sin embargo, según el letrado, este documento es "clarísimo" y "categórico", y "no da lugar a interpretación". Según ha comentado, el juez decano "no alegó desconocimiento en materia específica ni posibles errores de interpretación".
"Él hizo un alarde de conocimiento exhaustivo de la materia, no solo penal sino también la administrativa; pero olvidó una cuestión evidente: las cronologías y las resoluciones son tozudas", ha dicho Aranguren, que cree que al final "acabará saliendo adelante".
En este sentido, este abogado ha explicado que el dictamen que emitió Carlos Hernández a petición de Áurea Soto está datado en el año 2007, mientras que la sentencia que anula el Plan General de 2003 es de finales de 2008. Además, ha explicado que el auto de inejecución, que acoge íntegramente las tesis de Carlos Hernández, dice que no solo no podían darse las licencias, sino que tenían que darse por imperativo legal.
NUEVAS DILIGENCIAS
Todo esto "se tergiversó" con un lectura "parcial" y "sacada de contexto" por parte del juez decano, según ha comentado Aranguren, que, tras la declaración de este viernes, continuará con el caso con "mucha más razón jurídica y moral".
"Hay un delito clarísimo y espero que el Tribunal Superior acabe admitiendo nuestra tesis", ha asegurado Aranguren, que ha avanzado que, a la vista de estas declaraciones, su intención es presentar un escrito de alegaciones y probablemente pedir nuevas diligencias de investigación.
En la querella, dice Aranguren, se le piden explicaciones al juez decano de "si la concesión de licencias es un acuerdo de junta, y no de un concejal determinado, por qué no imputa a esas personas y no solo a Áurea Soto".
