Alegan que siempre actuaron por el "interés público" y respetando "los derechos" de los inquilinos
Los cargos de la Xunta investigados por presunto acoso inmobiliario a una mujer de avanzada edad de la ciudad, Lucila Vázquez Campos, negaron este lunes en su declaración ante el juez haber forzado a esta para que abandonase su vivienda con el objetivo de vaciar el edificio.
La secretaria general técnica y de Patrimonio de la Consellería de Facenda, María del Perpetuo Socorro Martín Hierro, y el subdirector de Patrimonio de la misma Consellería, Pablo Jacobo Moure Parrilla, aportaron "numerosa documentación", según sus letrados, en la que hicieron constar que no se hicieron prácticas contra la ley.
Manuel Pillado, letrado de la Xunta de Galicia y director general de la asesoría jurídica de esta administración, mostró su satisfacción por la declaración de los dos cargos de la Consellería de Facenda. A la salida de los juzgados señaló que quedó "evidenciado" que "no ha existido ningún tipo de acoso inmobiliario". Además, subrayó que dejaron debidamente acreditado que la denunciante avisó de los problemas en el edificio de la avenida de La Habana en cuanto al funcionamiento del ascensor, la Xunta "decidió adoptar las medidas para arreglar la situación".
Por último, Pillado recordó que la Administración "siempre actúa en función del interés general y con objetividad" y recalcó que no realiza "actos de hostigamiento" contra ningún ciudadano para que abandone su vivienda. Los investigados se acogieron a su derecho constitucional a no responder a preguntas del abogado de la acusación (el ministerio fiscal no estaba presente ).
Los investigados, según pudo saber este periódico, defendieron que su intención siempre fue buscar el "interés público" compaginándolo con los "derechos individuales" y la "eficiencia" de la gestión patrimonial.
Tras esta declaración, el juez de instrucción 2, Luis Doval, escuchará hoy en calidad de testigo al otro inquilino que vive en el inmueble.
La Fiscalía sostiene que hubo intención de "forzar" el abandono del edificio
El fiscal jefe se querelló contra los dos cargos de la Xunta por supuestas coacciones inmobiliarias, al adoptar medidas "no amparadas en derecho, con dejación consciente y manifiesta de las obligaciones", con el fin último de "forzar y doblegar la voluntad de los arrendatarios, para que abandonaran el edificio o aceptaran un acuerdo" y que derivaron en deficiencias "muy graves" en el mantenimiento del edificio.
Debido a la falta de funcionamiento del ascensor durante 10 meses –entró en servicio el pasado viernes–, la mujer afectada, de 92 años, tuvo que residir fuera de su vivienda. En concreto fueron cuatro meses, desde que una rotura de cadera la dejó incapacitada para subir las escaleras.
Ahora, Lucila Vázquez Campo ya ha podido volver a su vivienda. "Esta es una pequeña batalla, pero no hemos ganado la guerra. Queremos seguir adelante porque hubo presiones", dijo el abogado de la defensa, Roberto Estévez.
