Un cirujano ha sido absuelto del delito de homicidio imprudente del que estaba acusado tras ordenar el traslado de un paciente desde O Barco a Ourense, falleciendo éste en la ambulancia. La magistrada considera que no está probada la causa de la muerte y tampoco se ha determinado si otro proceder hubiera salvado la vida al enfermo.
Ni siquiera ha resultado acreditada la causa exacta de la muerte. Este es uno de los aspectos que tiene en cuenta la jueza del Penal número 2 de Ourense al absolver a un cirujano del delito de homicidio imprudente del que estaba acusado. Así, la magistrada tiene en cuenta que en materia de intervenciones médi cas, las consecuencias que de éstas resultan pueden ser atribuidas a complicaciones irreversibles.
Los hechos de los que estaba acusado Ricardo González ocurrieron en marzo de 2000 cuando éste trabajaba como cirujano en el hospital de O Barco y ordenó el traslado al Complexo Hospitalario de Ourense a un paciente que empeoró tras haber sido intervenido por otro facultativo (había salido bien de la operación). El paciente falleció en la ambulancia que lo trasladaba y no se le practicó la autopsia.
Las pruebas periciales apuntaban a que, dadas las características del enfermo, las medidas a adoptar serían la estabilización del mismo y otra intervención quirúrgica. También señalaban el riesgo que suponía esta última.
Dos horas
En la sentencia, la jueza explica que la actuación del acusado no puede calificarse de contraria a la lex artis, al margen de no haber resultado acreditado por medio probatorio alguno cuál fue la causa de la muerte del paciente y si sobrevino por una omisión del facultativo o tuvo su origen en otra circunstancia ajena al actuar de aquél. Recuerda, además, la inexistencia entonces de UVI en el hospital de O Barco, así como que la ambulancia que trasladó al paciente tardó en estar dispuesta cerca de dos horas. Para ella, no puede determinarse si la intervención que se postula como la acción omitida habría producido la muerte de manera inmediata, ni tampoco si se produjo por una reacción anafiláctica, después de la transfusión.
Los hechos de los que estaba acusado Ricardo González ocurrieron en marzo de 2000 cuando éste trabajaba como cirujano en el hospital de O Barco y ordenó el traslado al Complexo Hospitalario de Ourense a un paciente que empeoró tras haber sido intervenido por otro facultativo (había salido bien de la operación). El paciente falleció en la ambulancia que lo trasladaba y no se le practicó la autopsia.
Las pruebas periciales apuntaban a que, dadas las características del enfermo, las medidas a adoptar serían la estabilización del mismo y otra intervención quirúrgica. También señalaban el riesgo que suponía esta última.
Dos horas
En la sentencia, la jueza explica que la actuación del acusado no puede calificarse de contraria a la lex artis, al margen de no haber resultado acreditado por medio probatorio alguno cuál fue la causa de la muerte del paciente y si sobrevino por una omisión del facultativo o tuvo su origen en otra circunstancia ajena al actuar de aquél. Recuerda, además, la inexistencia entonces de UVI en el hospital de O Barco, así como que la ambulancia que trasladó al paciente tardó en estar dispuesta cerca de dos horas. Para ella, no puede determinarse si la intervención que se postula como la acción omitida habría producido la muerte de manera inmediata, ni tampoco si se produjo por una reacción anafiláctica, después de la transfusión.
