La fiscal reclama penas de prisión por considerar que se trata de "una producción industrial"
Los letrados que representan a Carlos Martínez Gil, su hijo Paul Joseph y el armenio Artyom Baghdasaryan, acusados de traficar con marihuana a gran escala, reclamaron ayer a la jueza del Penal 1 la nulidad de las diligencias que dieron pie a su acusación formal. Tal como coincidieron todos, los registros realizados en una finca de Tamallancos y en la vivienda de Carlos Martínez, en Piñor, atentaron contra derechos fundamentales. El primer acceso a la finca en agosto de 2012, en donde había una gran plantación de marihuana, por ejemplo, según dijeron, se hizo sin autorización judicial. "El auto que justifica los dos registros es nulo", aseguraron. De hecho, enfatizaron que las meras sospechas que esgrimieron los guardias civiles de Tamallancos no eran suficientes para avalar las entradas y registros posteriores.
Por contra, la fiscal elevó a definitivo su escrito de calificación, en el que pide cuatro años y dos meses de prisión, además de dos millones de euros de multa, para Carlos Martínez y tres años y dos meses para los otros dos, además de 1,5 millones de euros en concepto de multa, con dos meses de arresto en caso de impago. En el caso del inculpado de nacionalidad armenia, la fiscal pide que se sustituya la pena de prisión por la expulsión de España durante seis años.
La representante del ministerio público tiene en cuenta los 1.300 kilos de plantas de cannabis sativa incautados, "una producción industrial", valorados en 1.379.300 euros, para demandar penas que supongan su ingreso en prisión por un delito de tráfico de drogas que no causan grave daños a la salud. La fiscal recordó en su exposición final las palabras de Artyom Baghdasaryan ante la Guardia Civil en el que reconoció su participación en el delito: "Vais a alucinar con lo que hay en la casa (en referencia a la de Piñor)"; en la vida habéis visto tanta "maría" junta; hay unos 20 sacos como tú de altos, que no puede una persona con ellos".
