La guerra dialéctica iniciada entre PP y PSOE en Galicia en torno a las obras de la línea de alta velocidad ha servido para que, por primera vez y desde el administrador de las infraestructuras ferroviarias se reconociese que la principal causa del retraso en la finalización de las mismas no estuvo ni en las desavenencias con las constructoras ni en problemas derivados de imponderables sobrevenidos durante la ejecución de las mismas, sino por la falta de presupuesto.
Tras las críticas de Feijóo, primero en su debate con la alcaldesa de Lugo y luego en su comparecencia semanal esgrimiendo un informe de los técnicos autonómicos, de que los gallegos no podrán comprar billetes para el AVE ni en 2019 ni en 2020 y que muy probablemente, tampoco durante el Xacobeo de 2021 y las acusaciones de falta de transparencia en la información sobre la situación de las obras y las pruebas, el Adif salió al paso con una nota de prensa tan dura como las críticas recibidas, lanzando una carga de profundidad al Partido Popular, al recordar que durante el mandato de Ana Pastor, “las obras estuvieron paradas y sin presupuesto durante más de tres años”.
Por primera vez se reconoce un hecho que se sabía de antemano pero que se escondía tras otras argumentaciones como las dificultades con las constructoras para dirimir qué sobreprecios eran derivados de imponderables sobrevenidos durante la ejecución de las obras y cuáles eran consecuencia de una licitación demasiado a la baja que se quería compensar con reformados de precio posteriores, o la larga interinidad del gobierno Rajoy durante más de 310 días entre 2015 y 2016.
Es cierto que esa situación, la de las discrepancias, se produjo en algunos subtramos entre Lubián y Ourense y que la inacción del entonces director general de Construcción motivó la paralización de las obras, ante lo que fue cesado por Ana Pastor, poniendo en su lugar a la actual presidenta del Adif, Isabel Pardo de Vera quien recondujo parte de los conflictos sobrevenidos. Pero también es cierto que muchos otros subtramos, sin ningún conflicto estuvieron igualmente parados durante años. Sin ir más lejos, en el tramo entre Zamora y Pedralba de la Pradería, cuya inauguración estaba prevista para 2016, se cerró literalmente durante más de dos años, pese a que los suministros, los contratos de obra e incluso el montaje de la vía, ya estaban adjudicados, ocasionando un retraso de casi cuatro años en su puesta en funcionamiento.
Se da la circunstancia, además, de que el actual equipo directivo del Adif y Adif Alta Velocidad está formado por los técnicos de alta dirección que habían seleccionado los anteriores ministros de Fomento, Íñigo de la Serna y Ana Pastor, por lo que tienen un conocimiento exhaustivo de la historia y evolución de las obras en la línea gallega de alta velocidad.
Reconocer lo evidente
El reconocimiento de la paralización presupuestaria por parte del Adif -algo que por otra parte se veía ya recogido en las liquidaciones de las cuentas del Estado, cuando se analizaba el porcentaje de ejecución de las partidas destinadas a los tramos gallegos de la línea-, viene a confirmar lo que desde este periódico se sostuvo desde hace años: que la finalización de las obras en 2018 como afirmaba Ana Pastor e incluso su aplazamiento hasta el año siguiente acortando la dificultad de la obra con la supresión provisional de la variante exterior, como propuso Íñigo de la Serna, resultaba imposible.
