La Agencia de Protección de Datos (APD), a través de la figura de su director, ha decidido tomar manos en el asunto, e investigar de oficio el hallazgo, la pasada semana, de documentación referida a pacientes de 1973 en un edificio abandonado del Hospital Psi quiátrico de Toén. A raíz de las informaciones publicadas por este periódico, también el BNG, a través de su senador Xosé Manuel Pérez Bouza, ha impulsado una iniciativa en la Cámara Alta instando a una investigación desde la Agencia.
El director de la Agencia Española de Protección de Datos (APD), Artemi Rallo Lombarte, ha dado indicaciones expresas para que la institución que dirige investigue de oficio si el Sergas vulneró o no la Ley de Protección de Datos cuando la pasada semana se hallaron documentos, con información de seguimiento de la salud de pacientes, esparcidos en un edificio abandonado del Hospital Psiquiátrico de Toén. Sólo el director de la Agencia tiene capacidad para impulsar actuaciones de oficio. Fuentes de la APD indicaron que Artemi Rallo Lombarte, de viaje de trabajo en el extranjero la pasada semana, no tuvo conocimiento más que el viernes de lo sucedido en Toén.
A raíz de las informaciones publicadas por este periódico, anteayer, lunes, el director trasladó una orden a la subdirección de Inspección de Datos para que inicie actuaciones previas encaminadas a confirmar si existen indicios suficientes de una hipotética vulneración de la Ley de Protección de Datos, que pueda desembocar en un procedimiento encaminado a cursar una declaración de infracción. Lo que se quedaría en una llamada de atención, sin más. Porque al ser el Sergas una entidad pública, esa sería la única consecuencia que se derivase de haber incumplido la ley. La Agencia de Protección de Datos prevé, cuando son organizaciones privadas las que infringen la legis lación, sanciones económicas que, en los casos más graves, pueden llegar a 300.000 euros.
Propuesta nacionalista
Los informes de pacientes abandonados, redactados en 1973 bajo la cobertura del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, institución franquista que en esos tiempos auspiciaba al Hospital de Toén, recogían apuntes relativos a su comportamiento social, su ánimo, aseo, agitaciones, medicación, entretenimientos, nivel de peli grosidad e incluso hábitos religiosos.
Tras el hallazgo de los expedientes abandonados, el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, reaccionó registrando una iniciativa en la Cámara Alta dirigida a inquirir a la APD por el caso, así como a reclamar una investigación del mismo. Ante la actuación de oficio ordenada por Artemi Rallo, podría no ser necesaria la propuesta nacionalista, de la que, en la tarde de ayer, no existía todavía constancia alguna en la Agencia de Protección de Datos.
A raíz de las informaciones publicadas por este periódico, anteayer, lunes, el director trasladó una orden a la subdirección de Inspección de Datos para que inicie actuaciones previas encaminadas a confirmar si existen indicios suficientes de una hipotética vulneración de la Ley de Protección de Datos, que pueda desembocar en un procedimiento encaminado a cursar una declaración de infracción. Lo que se quedaría en una llamada de atención, sin más. Porque al ser el Sergas una entidad pública, esa sería la única consecuencia que se derivase de haber incumplido la ley. La Agencia de Protección de Datos prevé, cuando son organizaciones privadas las que infringen la legis lación, sanciones económicas que, en los casos más graves, pueden llegar a 300.000 euros.
Propuesta nacionalista
Los informes de pacientes abandonados, redactados en 1973 bajo la cobertura del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, institución franquista que en esos tiempos auspiciaba al Hospital de Toén, recogían apuntes relativos a su comportamiento social, su ánimo, aseo, agitaciones, medicación, entretenimientos, nivel de peli grosidad e incluso hábitos religiosos.
Tras el hallazgo de los expedientes abandonados, el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, reaccionó registrando una iniciativa en la Cámara Alta dirigida a inquirir a la APD por el caso, así como a reclamar una investigación del mismo. Ante la actuación de oficio ordenada por Artemi Rallo, podría no ser necesaria la propuesta nacionalista, de la que, en la tarde de ayer, no existía todavía constancia alguna en la Agencia de Protección de Datos.
