El alcalde, Agustín Fernández, se comprometió ayer en el pleno a que el próximo planeamiento no dejará fuera de ordenación viviendas legalmente construidas y aseguró que, de cara a la aprobación provisional del Plan Xeral, 'este problema quedará resolto'.
El regidor, que acusó al PP de 'torpedear o Plan para ver se non se aproba', se refería así al acuerdo adoptado con los votos de PSOE y BNG de instar a la Xunta que introduzca en la futura Lei do Solo la calificación de viviendas fuera de ordenación para aquellas 'disconformes co planeamento e nas que estea prevista a súa demolición'. Los nacionalistas incluyeron una enmienda a la propuesta para que el equipo redactor del PXOM realice modificaciones destinadas a que ningún edificio quede fuera de ordenación por altura o volumen.
Por otro lado, PP y BNG mostraron su intención de que se revisen los acuerdos adoptados en junta de gobierno del Concello de la ciudad desde 1995. En realidad, los populares presentaron una moción para que el alcalde explicase qué decisiones se habían adoptado en este órgano municipal sin unanimidad desde 2007. Querían así poner en evidencia las discrepancias internas de los socialistas después de que Susana Bayo y María Devesa dimitiesen de la junta de gobierno por peligro a 'delinquir'.
A los nacionalistas, no obstante, no les pareció adecuado que se limitase el rastreo al inicio del bipartito (2007) y enmendaron la moción prolongando el plazo a 1995, primer gobierno de Manuel Cabezas, porque 'cremos que tamén houbo moitos asuntos que xeraron polémica', según el portavoz, Xosé Somoza. Aunque el popular Rosendo Fernández negó 'crises de goberno' en los gobiernos de Cabezas, el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, recordó a los populares que habían aprobado un planeamiento que anularon después los tribunales. Por su parte, el alcalde, Agustín Fernández, dejó claro que no iba a contestar al PP, puesto que tiene las actas de las juntas de gobierno, pero se prestó a que 'se identifica todos os asuntos que non se aprobaron (en los gobiernos socialistas) pola maioría dos presente, eu mesmo os levarei á Fiscalía'.
Este punto, que prosperó con los votos de PP y BNG, fue en el que más referencias se hizo a la crisis de los socialistas, que ayer no se evidenció en el pleno. Así, todos los concejales asistieron a la sesión -María Devesa lo hizo con una muleta, por el esguince que sufre- y respetaron la disciplina de voto en el día en el que preveían remitir sus alegaciones a la suspensión cautelar de su militancia.
Sobre el pleno planeó también la operación Pokemon. Especialmente, en el debate de una moción 'demagóxica', según el alcalde, en la que Democracia Ourensana proponía reducir a la mitad las cuantías de las multas de la ORA y la grúa para no pagarle a 'cuatro caraduras'. La alusión de Pérez Jácome a una conversación del popular José Luis Valcarce recogida en el sumario causó una airada reacción de éste, que tachó de 'totalmente impresentable' a Pérez Jácome, para después aclarar Rosendo Fernández que la persona a la que se refería Valcarce en aquella conversación 'pagou 45 euros o 10 de setembro de 2012'. En este debate, el BNG propuso una comisión informativa sobre la concesión de la ORA y la gestión del grupo Vendex, propuesta que no apoyó ni el PSOE -que defendió que el servicio fue auditado sin que se detectaran deficiencias- ni el PP que propuso trasladar esa moción a un próximo pleno.
Por otro lado, PP y BNG mostraron su intención de que se revisen los acuerdos adoptados en junta de gobierno del Concello de la ciudad desde 1995. En realidad, los populares presentaron una moción para que el alcalde explicase qué decisiones se habían adoptado en este órgano municipal sin unanimidad desde 2007. Querían así poner en evidencia las discrepancias internas de los socialistas después de que Susana Bayo y María Devesa dimitiesen de la junta de gobierno por peligro a 'delinquir'.
A los nacionalistas, no obstante, no les pareció adecuado que se limitase el rastreo al inicio del bipartito (2007) y enmendaron la moción prolongando el plazo a 1995, primer gobierno de Manuel Cabezas, porque 'cremos que tamén houbo moitos asuntos que xeraron polémica', según el portavoz, Xosé Somoza. Aunque el popular Rosendo Fernández negó 'crises de goberno' en los gobiernos de Cabezas, el portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, recordó a los populares que habían aprobado un planeamiento que anularon después los tribunales. Por su parte, el alcalde, Agustín Fernández, dejó claro que no iba a contestar al PP, puesto que tiene las actas de las juntas de gobierno, pero se prestó a que 'se identifica todos os asuntos que non se aprobaron (en los gobiernos socialistas) pola maioría dos presente, eu mesmo os levarei á Fiscalía'.
Este punto, que prosperó con los votos de PP y BNG, fue en el que más referencias se hizo a la crisis de los socialistas, que ayer no se evidenció en el pleno. Así, todos los concejales asistieron a la sesión -María Devesa lo hizo con una muleta, por el esguince que sufre- y respetaron la disciplina de voto en el día en el que preveían remitir sus alegaciones a la suspensión cautelar de su militancia.
Sobre el pleno planeó también la operación Pokemon. Especialmente, en el debate de una moción 'demagóxica', según el alcalde, en la que Democracia Ourensana proponía reducir a la mitad las cuantías de las multas de la ORA y la grúa para no pagarle a 'cuatro caraduras'. La alusión de Pérez Jácome a una conversación del popular José Luis Valcarce recogida en el sumario causó una airada reacción de éste, que tachó de 'totalmente impresentable' a Pérez Jácome, para después aclarar Rosendo Fernández que la persona a la que se refería Valcarce en aquella conversación 'pagou 45 euros o 10 de setembro de 2012'. En este debate, el BNG propuso una comisión informativa sobre la concesión de la ORA y la gestión del grupo Vendex, propuesta que no apoyó ni el PSOE -que defendió que el servicio fue auditado sin que se detectaran deficiencias- ni el PP que propuso trasladar esa moción a un próximo pleno.
