El exdirector de la oficina de Abanca en Entrimo aprovechó su derecho a la última palabra en el juicio que se sigue contra él por apropiación indebida y falsedad documental para reivindicarse inocente. "Nunca me aproveché de nada y este proceso lo considero totalmente injusto", aseguró José Luis F.A.
Previamente, había escuchado a su letrado, quien cree que el inculpado es una especie de cabeza de turco "para encubrir la mala gestión de la entidad en la comercialización de productos financieros fallidos (participaciones preferentes y subordinadas...)". Pero también escuchó al fiscal y la acusación particular que reclaman duras penas de prisión (entre seis y nueve años), además de una indemnización de 1,5 millones, el dinero que tuvo que pagar Abanca a los clientes por los perjuicios irrogados.
Las acusaciones creen que en el juicio se acreditó que el exdirector realizó disposiciones indebidas de fondos depositados en cuentas, sin autorización de los clientes; se apoderó de cantidades entregadas en efectivo para sí o para un tercero que no llegaron a entrar en la contabilidad del banco y realizó pagos de extratipos.
El engaño se lograba, según el fiscal, con la emisión de certificaciones falsas y las "anotaciones contables ficticias" mecanografiadas en las cartillas de algunos clientes. E hizo hincapié en el perfil de estos últimos: "Edad avanzada, problemas de salud, extranjeros y con escaso conocimiento de operaciones bancarias".
Al comienzo de la segunda sesión del juicio oral también comparecieron en calidad de peritos tres auditores de la entidad, quienes aludieron a la existencia de una especie de "banca paralela". El acusado "no registraba los fondos entregados en efectivo por los clientes afectados sino que se los guardaba" y los utilizaba para "cubrir cantidades anticipadas a otros clientes, pagar extratipos y mantener la buena situación de la oficina con el fin de que no hubiese reclamaciones".
Los auditores también han apuntado a la "dificultad" de cuantificar de manera precisa el perjuicio supuestamente producido por el acusado directamente a la entidad bancaria e indirectamente a cada uno de los perjudicados, ya que la mayoría de operaciones eran movimientos en efectivo que no quedaban registrados en la contabilidad informatizada del banco.
El abogado del inculpado aprovechó su informe para tachar de "chapuza" la instrucción con un sumario sin "documentos originales" pero sí "con copias parciales de libretas manipuladas por el banco para lograr su fin: encubrir su mala gestión". Y alega que no tiene sentido reclaman 1,5 millones cuando el seguro del banco ya pagó 600.000.
