El propio magistrado derivó el incidente, lo que suspende la comparecencia de los imputados.
El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, Antonio Piña, que instruye la causa por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de Bedoya, dictó ayer una providencia en relación a la recusación presentada contra él por el exalcalde, Francisco Rodríguez, y la concejala Áurea Soto. En ella, el magistrado decide tramitar la recusación, lo que implica que será la Audiencia la que adopte una resolución sobre la misma. Asimismo, la providencia abre un plazo de tres días para que las partes manifiesten si se adhieren a la recusación o si se oponen a ella.
A pesar de que decide tramitarla, el magistrado deja claro en su escrito que, a su juicio, "los motivos alegados (en la recusación) no tienen encaje dentro de la causa contemplada en el artículo 219.9 porque no es parte en el procedimiento de quien se invoca la amistad y, porque además, no cabe la genérica alegación de enemistad". Por ello, concluye el juez que él mismo "podría rechazar adlímite la recusación formulada" pero que opta por tramitarla "a fin de garantizar la legitimidad de quien instruye en este procedimiento". Rodríguez y Soto basaban su recusación en información obtenida en el perfil de Facebook del propio juez, en el que hacía unos comentarios genéricos referidos a la clase política, y en el de Armando Ojea, colaborador de Auria Televisión y miembro de la lista electoral de Democracia Ourensana, con quien aparecía en varias fotografías. Democracia Ourensana denunció el procedimiento de adjudicación de las obras de Bedoya pero no está personada en la causa.
Tras su decisión, el juez debe apartarse de la causa hasta que resuelva la Audiencia, con lo que el caso será atendido por el titular del Juzgado de Instrucción número 1, quien ayer ya dictó un auto suspendiendo las declaraciones previstas tanto ayer -estaban citados tres empresarios y el asesor jurídico del Concello, todos en calidad de imputados- como las siguientes -esta semana iban a declarar la mayoría de los políticos imputados-. Lo hizo para esperar una documentación solicitada al Concello sobre los reparos del interventor levantados por el exalcalde y también por imposibilidad de tomarles declaración debido a la agenda de su juzgado.
