El abogado que asesoró a la exconcejala de Urbanismo, acusado de cooperador en la prevaricación: 'No firmo informes a la carta'
La controvertida legalización de la urbanización de la plaza de San Antonio en 2007 y el consiguiente pago de 358.528 euros a una vecina para resarcirla de la pérdida de vistas traseras en su piso de Bedoya sentó en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 2 a la exconcejala socialista de Urbanismo, Áurea Soto, y al asesor externo al que contrató para buscar una solución jurídica, el letrado Carlos Hernández. Este último emitió un dictamen con el que argumentar la concesión posterior de la licencia a las viviendas, locales comerciales y el parking privado del subsuelo.
Ambos están acusados de prevaricación administrativa (el abogado como cooperador necesario) y en el caso de Soto condicionó su continuidad en el Concello (dimitió al decretarse el auto de juicio oral). Un asunto que, según valoró la imputada en un momento de su interrogatorio, tendría que "estar discutiéndose en el ámbito contencioso, no en el penal, como llevo dos años".
La fiscal pide penas de 10 años de inhabilitación para cargo público mientras que la acusación popular que ejerce la hija de un conocido promotor inmobiliario, Bautista Rodríguez, la eleva a 21 .
Soto, quien estuvo arropada durante el juicio por compañeros del bipartito (PSOE-BNG), incluido el exalcalde Agustín Fernández, aseguró que su actuación en este caso consistió en buscar una solución a una situación heredada -"un montón de problemas urbanísticos"- cuando se hizo cargo de la concejalía en junio de 2007. Además, según aclaró, tuvo que buscar una solución con urgencia -"teníamos 20 días"- de cara a incoar un expediente de legalización con el que evitar una demolición de viviendas en las que residen un centenar de personas. El hipotético derribo y las responsabilidades patrimoniales derivadas -recordó la acusada- hubieran supuesto al Concello alrededor de 40 millones de euros.
Ante este escenario, optó por contratar a un abogado especializado en Urbanismo, Carlos Hernández, avalado por su "prestigio y por contar con una opinión no sesgada sobre la situación municipal". El procedimiento de legalización, que incluía un expediente de inejecución ante el TSXG y el pago de la polémica indemnización a la vecina que pleiteaba desde 1996 con el Concello, "estuvo amparado por informes y actuaciones de técnicos municipales", explicó la extitular de Urbanismo. Y fue tajante: "Nadie me manifestó que no pudiera legalizarse". Además,aseguró que "nunca le dije a los técnicos o jurídicos del Concello cómo debían informar.
Asimismo, explicó que se desentendió de la indemnización, ya que fue cifrada por el arquitecto municipal, Cándido Ortells, enfatizando el hecho de que la viceasesora jurídica, Ana Blanco, no formuló reparo alguno. Tampoco lo hizo "ni el oficial mayor, que es jurídico, ni el interventor".
Recordó que el Tribunal Superior de Galicia amparó al Concello en la concesión de la licencia de obra, ocupación y actividad del párking al amparo de lo que establecía el Plan Municipal de Ordenación Urbana de 2003, que después fue anulado cinco años más tarde.
Para Soto resulta clave un auto del TSXG de 15 de enero del 2009 "que evalúa si cabe examinar la inejecución y si hay infracción grosera (pena) y en la concesión de las licencias, concluyendo que no".
Por su parte, las acusaciones, tanto la fiscal, como el letrado que representa a la hija de Bautista Rodríguez, a la que se negó una licencia en ese subsuelo, cuestionaron en sus preguntas la legalización del garaje para su explotación privada, al considerar que no era posible por tratarse de subsuelo público tal como recoge una sentencia de junio de 2004 del TSXG.
El abogado externo que dio cobertura a la legalización de la plaza para evitar el derribo defendió su informe en base al PXOM de 2003 que ampara -dijo- su uso como parcela con carácter privado (espacio libre de parcela). Hernández, abogado urbanista desde hace 25 años, defendió su proceder profesional, dejando claro que "no firmo informes a la carta". Eso sí, reconoció alguna discrepancia que tachó de "puntuales" con la jurídica Ana Blanco.
