La exconcejala y el letrado Carlos Hernández se querellaron contra él por prevaricación judicial
El juez decano, Leonardo Álvarez, hará público en el día hoy, según aseguró ayer, la decisión sobre si decide apartarse de la instrucción de las causas en las que la exconcejal socialista Áurea Soto figura como denunciante o denunciada (asistencias técnicas, matadero municipal y aprovechamientos urbanísticos) . Una abstención que, en todo caso, tendría que refrendar la Audiencia.
El magistrado aseguró que debe examinar si existe en la Ley Orgánica del Poder Judicial una causa objetiva que justifique su retirada de los procedimiento en curso a raíz de la querella por prevaricación judicial interpuesta contra él por la exconcejala socialista de Urbanismo del Concello de Ourense,Áurea Soto (julio de 2007-enero de 2015), y el abogado coruñés Carlos Hernández. El artículo 221 de la Ley Orgánica del Poder Judicial contempla la posibilidad de abstención si el juez ha sido denunciado o acusado por alguna de las partes como responsable de algún delito, pero siempre que hubiera dado lugar a la incoación de procedimiento penal. Ahora bien, según Leonardo Álvarez, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) aún no ha incoado ningún procedimiento penal y debe asignar la querella a uno de sus magistrados y decidir si la admite o no a trámite.
La exedil y el abogado presentaron a las 14,08 del jueves la querella en la oficina de registro y reparto del TSXG, órgano judicial que tiene competencia para ver las causas dirigidas contra los jueces. En el día de ayer, aún no había sido turnada. Ambos aprecian en el juez un ánimo de perjudicarles en relación a la instrucción del proceso penal por la concesión de una licencia urbanística que legalizaba la urbanización de la plaza de San Antonio, locales y garajes. Este asunto llevó a Soto, quien dimitió como concejala cuando se dictó el auto de apertura de juicio oral, y Hernández al banquillo de los acusados del Penal 2 por prevaricación administrativa, aunque fueron absueltos (la sentencia está recurrida ante la Audiencia).
En la querella, entre otros argumentos, se habla de "imputaciones selectivas". Asegura la exedil que el instructor "conoció documentadamente y a través de las declaraciones de los funcionarios que la licencia fue informada favorablemente por tres funcionarios municipales, y la indemnización a una vecina por pérdida de vistas fue propuesta a la junta de gobierno por la viceasesora jurídica del Concello, quien fue precisamente la que propuso a la junta de gobierno la aprobación del convenio". Y añade que el auto de apertura de juicio oral del magistrado querellado "es contrario al auto de 15 de enero de 2009 dictado en el incidente de inejecución por la sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del TSXG.
El juez decano optó ayer por "suspender por prudencia" la declaración del exalcalde de Ourense, Manuel Cabezas, como investigado por la denuncia de Áurea Soto por la exención a los constructores y promotores de la ciudad, por parte de los anteriores gobiernos municipales del PP, de pagar al Concello el 10% de los aprovechamientos urbanísticos en suelo urbano no consolidado entre 1997 y 2002. El exregidor valoró que esa opción"se tomó en base a una propuesta del secretario municipal, Mariano Rodríguez". "En todo momento -añadió- se siguió ese dictamen hasta la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal de 2003".
Cabezas, quien estuvo apenas unos minutos en el juzgado, criticó la " instrumentalización de la justicia desde el punto de vista político".
