El expresidente entiende que únicamente faltó dar publicidad a la selección de personal
El expresidente de la Diputación, José Luis Baltar, admite que en la contratación de los 104 trabajadores temporales por los está siendo juzgado, acusado de prevaricación administrativa, se ha producido un fallo, que fue la ausencia del trámite de publicidad del proceso antes de formalizar la contratación. Pero él considera que es sólo un defecto de forma en esas contrataciones temporales, de las que se responsabilizó desde un principio y que ayer volvió a reiterar. Tanto a la entrada como a la salida del Pazo de Xustiza, donde se desarrolló, esta vez sólo en una corta sesión de mañana, la tercera jornada del juicio, Baltar Pumar insistió en que era él quien contrataba al personal eventual. "Sempre o dixen, non o neguei nunca", por eso entiende que no existe ninguna contradicción entre sus palabras y las de los jefes de servicio de la Diputación, que declararon que pedían el personal pero no intervenían en el proceso de selección de los aspirantes aunque en algunos casos, Baltar les pedía opinión y consejo sobre algunos de los currículos que el presidente tenía sobre la mesa. "Eles din a verdade, contrata o presidente da Deputación dende hai 40 anos, porque a ordenanza é a que me faculta para contratar", insistió.
Otro testigo, José Antonio González, jefe del servicio de Informática, abundó en ese argumento al declarar ante la jueza. Dijo que pidió un informático por escrito a Baltar y el presidente consultó con él la identidad del aspirante, que ya había trabajado antes para la institución; y fue el contratado.
La concejala del PP
En la vista, que se desarrolla en la sala de juicios de la Audiencia aunque cada vez son menos los medios de comunicación que acuden y apenas hay ya público, declararon ayer como testigos seis personas entre contratados temporales en enero de 2010 y jefes de servicio de maquinaria y talleres. Entre los trabajadores figuraba la concejala del PP en O Carballiño Montserrat Caride, que reconoció ser una de las contratadas durante tres meses a principios de 2010, pero desvinculó su contrato del congreso provincial del PP de enero de aquel año. "Fue una casualidad", dijo, que participase en la convención como compromisaria tras ser contratada, lo mismo que su presencia, durante la fase de instrucción de este caso, en el bufete de abogados que defiende a Baltar Pumar; una cuestión ésta que puso de manifiesto el abogado que representa a la acusación socialista, José Arcos.
Este letrado también mostró su malestar a la jueza por que buena parte de los testigos que fueron empleados o trabajan aún para la Diputación hayan establecido su dirección en el Pazo provincial; y ocurre que una trabajadora, Ana Isabel B., citada como testigo y que declaró en la fase de instrucción, conste ahora como "desaparecida", según reconoció la jueza, Caterina González, que fue quien precisó el detalle de que muchos de los testigos hayan dejado esa dirección, a efectos de notificación, aunque ahora ya no trabajan allí.
Arcos alertó de que la Diputación podría no ser diligente en este asunto, o al menos poco colaboradora con la Justicia, por lo que el abogado de Baltar, Luis Romero, replicó que en el juicio "no se acusa a la Diputación, sino a su expresidente, y el que tiene que dar los domicilios correctos es el que llama a los testigos", en alusión al fiscal, pues todos los que faltaron, hasta ahora, eran peticiones de la acusación pública. Florentino Delgado terció en el debate para señalar que "el problema está en los órganos jurisdiccionales a los que corresponde ese trámite", los procuradores, y sugirió a la jueza que encargue esa labor de localización a agentes de la Guardia Civil, que realizan, dijo, un buen trabajo en este sentido.
