La cartelería política se ha extendido como una mancha de aceite, ensuciando la ciudad y fluyendo viscosamente por toda la provincia. Tanto la capital como las principales villas han aparecido empapeladas de propaganda invadiendo espacios públicos y privados sin ningún tipo de respeto. Lo más llamativo de esta situación es que los que se supone que tienen que dar ejemplo son los primeros que incumplen la normativa. En todas las convocatorias electorales se repite la misma escena, es como “el día de la marmota”, una pesadilla que no tiene fin. Incluso los núcleos más pequeños y remotos de la provincia tampoco se salvan.
Y eso que la Ley Orgánica del Régimen General Electoral (Loreg) es muy clara y acota dónde se puede colocar cartelería y cómo. La Loreg expone que “los ayuntamientos tendrán la obligación de reservar lugares especiales gratuitos para la colocación de carteles y, en su caso, pancartas y carteles colgados a postes o farolas por el sistema llamado de banderolas”.
Son estos los espacios donde se deben exhibir los mensajes políticos, aquellos reservados por los concellos para dirigir sus mensajes electorales. Las farolas es uno de los autorizados y están disponibles en función de la representatividad de cada formación. Sin embargo, la realidad es que no se respetan estas normas y se amplía la presencia a espacios públicos como paredes, puentes, señales de tráfico, vías de circulación, y también es habitual que invandan hasta el mobiliario urbano, como las papeleras, farolas, marquesinas y otros elementos.
Además, esta cartelería debe ser retirada al finalizar la campaña electoral, como también viene marcado por la Loreg. Pero lo cierto es que en un rápido repaso a los muros de la ciudad podemos observar que los carteles se superponen elecciones tras elecciones.
