La defensa de Ramón Campo Labrador, exconcejal de Urbanismo entre julio de 1999 y junio 2003 e imputado en el conocido como "caso del 10%", asegura su inocencia en los delitos de malversación y prevaricación que se le imputan, basándose en los informes realizados por los técnicos municipales de aquel entonces. Además, afirma que los hechos "están prescritos desde 2013". La Audiencia Provincial, no obstante, dio luz verde en abril a que la causa, relativa a un supuesto trato de favor del Concello de Ourense en el periodo 99-03 a promotores al no exigirles parte del suelo donde edificaban, llegue a juicio. El alcalde en ese periodo, Manuel Cabezas, también está inculpado.
La defensa de Campo Labrador alega que "todo lo realizado venía informado favorablemente por los técnicos municipales que interpretaban la legislación urbanística, teniendo en cuenta los acuerdos del pleno de diciembre del 1994". Entonces, el gobierno municipal acordó la licitud de los proyectos de compensación sin la exigencia del aprovechamiento urbanístico, a la espera de un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal de Ourense (PXOM) –entró en vigor en julio de 2003–. El escrito de la defensa recalca que "el acusado no realizó ninguna interpretación arbitraria de la ley", sino que propuso la aprobación de proyectos "previamente informados favorablemente por los funcionarios". El escrito recoge un informe del técnico municipal José Manuel Oliver Rivera de 2004, que asegura que "no tiene sentido hablar de responsabilidad, porque el acuerdo municipal se tomó en legal forma".
