La Audiencia de Pontevedra condena a 9 personas por introducir droga desde Ecuador a Ourense en contenedores de fruta
Casi cinco años después (2 de marzo de 2018) de que la DEA americana, a través de su oficina en Madrid, diese el soplo -alertó del envío de cocaína colombiana, a través de Ecuador, a España en contenedores de fruta-, el asunto, traducido a tres tomos y cerca de 1.000 folios, se solventó ayer en la Audiencia de Pontevedra en una vista de un cuarto de hora. No hubo debate porque todos cedieron.
Días antes, los teléfonos humearon con llamadas y wasaps. Los nueve acusados admitieron que tomaron parte en el cargamento en el que, además de bananas, en la décima fila de palés, había 358 placas rectangulares de droga identificada con la firma del cartel que la enviaba, un logo de toro con anillo en el hocico, además de otras en las que aparecía la frase “feliz año 2019”. En total, 349 kilos de cocaína de gran pureza que fue valorada en 13.901.003 millones de euros. El alijo fue intervenido en el puerto portugués de Leixoes (Oporto) en enero de 2019 y su destino final era la nave de Mavaz en San Cibrao das Viñas.
Acuerdo
Fruto de un acuerdo previo entre el fiscal antidroga de Pontevedra, Pablo Varela, y las defensas, la petición inicial de condena se rebajó con la aplicación de la atenuante de confesión y quedar finalmente fuera de la baraja la acusación por organización o grupo criminal. Los trece años y medio de cárcel iniciales que la acusación pedía para el dueño de Mavaz, el ourensano Manuel Benito V.P., (50 años), quedaron en ocho (ya cumplió como preventivo casi tres) y multa de 30 millones por un delito de tráfico de drogas agravado. El más penado de los nueve porque puso al servicio del narcotráfico su empresa de frutas. “Su contribución a la actividad investigada era esencial”, asegura el fiscal. Toda la cobertura de la importación de cocaína dependía, al margen de los contactos con proveedores y financiadores que efectuó Juan Miguel G.S. -en paradero desconocido-, “de los contenedores que Manuel negociaba, de tal manera que la actividad ilícita investigada no pudiera ser descubierta dentro del flujo de cargamentos legales de fruta importados desde Ecuador por la empresa Frutas Mavaz S.L.”.
Había prueba de cargo suficiente contra el “narcofrutero”: seguimientos policiales a lo largo de seis meses, conversaciones telefónicas intervenidas y lo más importante, el camión con parte de la cocaína (una entrega controlada) que partió del puerto luso con destino a San Cibrao, en donde, nada más estacionar a última hora de la tarde del 18 enero de 2019, se desplegaron las detenciones por parte de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera. Por esta razón, una bajada importante (cinco años y medio menos) con la admisión de culpa se presentó para la defensa como la mejor opción. “Creo que es un acuerdo bastante favorable, teniendo en cuenta cómo estaban las actuaciones procesales y la posibilidad de defensa que teníamos”, explicó tras el juicio el defensor, el también ourensano Juan Carlos González Iglesias, de Atrio Abad Abogados. Y agradece “el esfuerzo importante que hizo la Fiscalía Antidroga, dentro del principio de legalidad, para llegar a este acuerdo”.
En el banquillo también estaba otro vecino de Ourense: Jhon Felipe L.M., quien aceptó siete años y nueve meses de cárcel. Era el encargado de Frutas Mavaz y actuaba en connivencia con su jefe, y en contacto con quienes desde Ecuador daban cobertura empresarial a las exportaciones de fruta que ocultaba la cocaína. Está acreditado un viaje a ese país para negociar de modo personal los pormenores de la actividad. Su expareja, Ana Elizabeth V.E., también figuraba entre los encausados.
La Fiscalía sitúa el epicentro de esta trama en O Salnés, con un supuesto cerebro, el arousano que se fugó, Juan Miguel G.S. Su hermano José Luis también estaba acusado junto a José Vicente C.B., las personas con los contactos necesarios. Entre los condenados, hay personas de nacionalidad colombiana -Jaime Alexander R.V. y Juan Carlos M.M.- y ecuatoriana, Víctor Hugo G.B.
