La trama de la “narcofruta” llega a juicio en Pontevedra

Un almacén de Mavaz en la N-525 sufrió un incendio un año antes. XESÚS FARIÑAS
photo_camera Un almacén de Mavaz en la N-525 sufrió un incendio un año antes. XESÚS FARIÑAS
La Audiencia reservó 2 días para la operación Falla: 359 kilos de cocaína con destino a Ourense

Cuatro años después de la operación antidroga que permitió la incautación de 359 kilos de cocaína de gran pureza ocultos en un contenedor de bananas que tenía como destino una nave de fruta en el Polígono de San Cibrao das Viñas, tras un soplo de la DEA americana, la Audiencia de Pontevedra juzgará a nueve de los diez procesados, ya que uno de ellos está en paradero desconocido.

Entre ellos, figura el ourensano Manuel B.V.,  responsable de Frustas Mavaz, al que a raíz de esa operación apodaron como el “narcofrutero”.  La vista fue señalada para el 24 y 26 de enero en la Audiencia de Pontevedra, ya que la instrucción la comandó el Juzgado de Instrucción 1 de Vilagarcía de Arousa, pese a la intentona de varios abogados de que el asunto fuera a la Audiencia Nacional en tanto que hay imputados de varias provincias y las investigaciones se centraron en Ourense, la comarca de O Salnés y Madrid. El Supremo, finalmente, se decantó por Pontevedra tras pasar también  por el TSXG, quien no se declaró competente para decidir. 

Los inculpados afrontan una petición por parte la Fiscalía Antidroga que supera los 120 años de cárcel, además de elevadas multas porque el alijo fue valorado en casi 14 millones de euros.

Les imputa a todos ellos un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, pero le aplica el subtipo superagravado de extraordinaria gravedad en atención a la simulación de operaciones de comercio internacional entre empresas por redes y cometido por organizaciones criminales de narcotráfico.

Entre los ourensanos, también figura un exempleado del frutero, Jhon Felipe L.M., y su pareja Anna Elisabeth V.E.

La nave de San Cibrao fue el escenario del decomiso y ocupó parte de la investigación, que también se extendió a la provincia de Pontevedra. Concretamente a la comarca de O Salnés, cuna de algunos de los investigados: Juan Miguel G. S. (se fugó antes de ser arrestado), José Vicente C.B. y Jose Manuel C.M.

En Madrid, se concretó, según la acusación, la llegada del alijo dentro de un contenedor con “bananos” y que desembarcó en el puerto de Leixões (Oporto) a mediados de enero de 2019. El contenedor lo había enviado la empresa Nina Banana S.A., con sede en Guayaquil (Ecuador). La inspección permitió hallar 358 placas rectangulares: unas identificadas con la frase “feliz año 2019” y otras con un logo de un toro con anillo en el hocico, con un peso bruto de 429,20 kilogramos. La Procuradoría de la República de Portugal autorizó una entrega vigilada en España, siguiendo el curso de la operación comercial. 

La llegada de los contenedores contratados por Frutas Mavaz S.L. a sus instalaciones se produjo el 18 de enero de 2019. La Policía Nacional aguardaba su llegada. La Fiscalía antidroga considera a Mavaz, que después entró en concurso de acreedores, y a su dueño claves en esta operación. 

La trama de la “narcofruta” tuvo una fecha clave, el 2 de marzo de 2018. La Oficina Americana de Madrid en la lucha contra la droga (DEA) recibió una alerta de la existencia de una organización criminal que tenía planeado enviar una importante cantidad de cocaína oculta en un contenedor de fruta cuyo destino final era una nave industrial en Ourense. En esa información ya se decía que los narcos se iban a valer de una empresa de nombre Mavaz y que el envío estaba coordinado por “Juanjo”.  

La operación

 

Los procesados

  • Son 10: Manuel Benito V.P., Jhon Felipe L.M., Anna Elisabeth V.E., José Manuel C.M, José Vicente C.B., Víctor Hugo G.B., Jaume Alexander R.V., Juan Carlos M.M., José Luis G.S. y Juan Miguel G.S. (este último en paradero desconocido).

Las penas

  • La Fiscalía Antidroga solicita para los nueve procesados que están localizados 13 años y seis meses de cárcel y dos multas de 30 millones de euros.

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