Dos recursos judiciales bloquean la retirada de los cuestionados extractores de gases en Mariñamansa

Dos chimeneas en los tribunales

Vecinos de Mariñamansa con la pancarta de protesta. (Foto: Daniel Atanes)
Vecinos de Mariñamansa que rechazan las chimeneas del supermercado Mercadona se concentraron ayer en señal de protesta en la Praza Maior, con el fin de reclamar su retirada. La edil de Urbanismo, Áurea Soto, matizó que no podrán ejecutar ninguna acción hasta que no haya resolución judicial.
A pesar de que había más policías locales y nacionales que manifestantes, lo cierto es que la Praza Maior de Ourense acogió a las diez de la mañana de ayer algo más que el pleno del Concello. Y es que varios vecinos de Mariñamansa, afectados por las famosas chimeneas de Mercadona, protestaron ante el Consistorio con una pancarta para reclamar su retirada, dado que las consideran nocivas y que ocupan un espacio público.

La salida de gases de este supermercado comenzó a convertirse en un problema en enero de 2006, cuando los vecinos de cinco edificios de la avenida de Zamora y rúa do Regato detectaron que estaban en una plaza pública destinada a zona verde. Comenzó entonces una lucha contra el Concello, entonces dirigido por el PP, al advertir que éstas tampoco contaban con la licencia pertinente (sólo la tenían de obra menor). A las protestas se sumó el PSOE, entonces en la oposición, reclamando también que se había aprobado un proyecto irregular en un subsuelo público para uso privado (unos garajes).

Los vecinos afectados reprochan ahora a la edil de Urbanismo, Áurea Soto, que no haya retirado las chimeneas en base a dos acuerdos de Junta de gobierno (9 de agosto y 25 de octubre de 2007), por los que se le concedía licencia a Mercadona si retiraba las citadas salidas de gases. No obstante, Áurea Soto precisó ayer que de las dos chimeneas, una es del supermercado y la segunda pertenece a la salida de gases de los garajes del subsuelo. Así, explicó que 59 propietarios de estas plazas presentaron un recurso de reposición para evitar su retirada, algo que está en manos del Juzgado de lo Contencioso Administrativo, por lo que señaló que el Concello no podrá ejecutar acciones hasta el fallo judicial.


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