La retribución oscila entre 3.500 y 14.700 euros anuales, hasta la jubilación

La CIG pretende reunir 15.000 firmas para lograr la retirada del plus de altos cargos

Durante los próximos tres meses, la CIG va a desarrollar una campaña informativa sobre el plus que perciben los funcionarios que ejerzan altos cargos políticos durante dos años, que oscila entre 3.000 y 14.700 euros y cobran hasta su jubilación. Las firmas se presentarán en el Parlamento gallego en una iniciativa legislativa popular para lograr la derogación de la medida.
El sindicato CIG inició en Ourense la campaña de recogida de firmas contra el plus que perciben los funcionarios que durante un periodo de dos años desempeñen altos cargos políticos. Su objetivo es reunir 15.000 rúbricas para presentar una ’iniciativa lexislativa popular’ y que se debata en el Parlamento gallego la derogación del artículo 17 de la Lei da Función Pública, aprobada en septiembre con apoyo de PP, PSOE y BNG.

Los beneficiarios de esta medida son funcionarios de cualquier Administración que, durante al menos dos años, ostenten un cargo público con dedicación exclusiva (alcalde o concejal, presidente de Diputación, parlamentarios, directores o subdirectores xerais...). La retribución es retroactiva, por lo que pueden solicitarla funcionarios que hayan ejercido tales car gos desde 1981. El complemento, que perciben hasta su jubilación, oscila entre 3.500 y 14.700 euros, en dependiendo del grupo funcionarial al que pertenezca (el importe será mayor cuanto menor sea su categoría). Así, un maestro de Primaria (grupo 21) cobraría 8.000 euros anuales si cumple estas condiciones. Un profesor de Secundaria (grupo 24) percibiría 6.300 euros por este complemento. En el caso de un catedrático (grupo 26) ascendería a 4.600 euros. Según indicaron, no hay datos fiables de cuántos funcionarios se pueden beneficiar de esta medida.

El secretario comarcal de CIG, Etelvino Blanco, calificó esta retribución como ’totalmente inxusta, discriminatoria e desproporcionada’, además de ’vergonzosa’, porque el importe que puede alcanzar, casi 15.000 euros, es superior al sueldo de buena parte de los empleados de la provincia (la media de los convenios vigentes es de 11.200 euros brutos anuales). Igualmente, calificó de ’falta de ética’ la actitud de los políticos, que ’utilizan o poder que lles da a representación dos cidadáns en beneficio propio’.

Te puede interesar