El gobierno local pretende comenzar la negociación política sobre el documento urbanístico en las próximas semanas
Tras varias semanas a medio gas por las vacaciones estivales, el Concello de Ourense vuelve poco a poco a la normalidad y arranca un nuevo curso político con dos asignaturas troncales, cuya aprobación es imprescindible para impulsar la ciudad: el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) -el de 2003 cayó hace siete años- y unos presupuestos municipales, ya que en noviembre se cumplirán dos años desde las últimas cuentas aprobadas, prorrogadas en los últimos ejercicios. Éstas son las piedras de toque para el gobierno local, que también tiene por delante varios retos, como ordenar muchas de las concesiones municipales, avanzar en la integración del AVE o continuar captando inversiones de otras administraciones.
Uno de los primeros frentes que tendrá que abordar el gobierno liderado por Jesús Vázquez es lidiar con el Plan Xeral. Según las previsiones del edil de Urbanismo, José Cudeiro, el equipo redactor debería tener listo a finales de septiembre el documento refundido para entregarlo a los grupos de la oposición, comenzando así la negociación política, que puede estar marcada también por la situación de la ordenación provisional, pendiente de que la Justicia se pronuncie sobre su validez.
Los últimos meses han estado marcados por el distanciamento entre el PSOE, que aprobó inicialmente el PXOM en 2013 cuando estaba al frente de la ciudad, y el PP, que heredó hace 15 meses el texto. Discrepancias por la edificabilidad o la integración del AVE han motivado las quejas del portavoz socialista, José Ángel Vázquez Barquero, que alerta sobre un "cambiazo en la filosofía del plan" que el PP niega rotundamente. El acuerdo entre ambos se antoja clave para dar luz verde a un documento que urgen todos los sectores sociales y económicos de la ciudad, ya que tanto Democracia Ourensana como Ourense en Común han mostrado sus reservas hacia el plan.
El consenso será también imprescindible para sacar adelante los presupuestos, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Constitucional de julio que invalidaba la opción de aprobar las cuentas en junta de gobierno tras no lograr el respaldo suficiente en pleno. La ciudad cuenta ahora con unos presupuestos prorrogados de 2014, lo que imposibilita nuevas inversiones y obliga a acudir a modificaciones de crédito para desbloquear proyectos.
Descartadas ya las cuentas de 2016, el gobierno local se centra en las de 2017, aunque para ellos debe conseguir modificar la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), encallada en el departamento de Intervención, que ha emitido dos informes contrarios a las propuestas emitidas. La Concejalía de Recursos Humanos trabaja para trasladar un nuevo documento que incorpore las correciones señaladas y desbloquear un trámite imprescindible para iniciar la negociación de los presupuestos.
El transporte, entre las concesiones en precario
Ordenar las concesiones municipales es otro reto que tiene por delante el gobierno local de Ourense. Servicios como el transporte público, el estacionamiento regulado, o la semaforización no tienen contrato en vigor y se están prestando en precario. El nuevo inquilino del departamento de Contratación -la actual responsable, Isabel Castelo, abandona el Concello- tendrá una agenda cargada de deberes.
Entre ellos están licitar el autobús urbano, que debe compaginarse con la entrada en vigor del transporte metropolitano -con mejora de tarifas, pero sin nuevas rutas-, el mercado de A Ponte -cerrado año y medio de la conclusión de las obras de reforma- o el traslado de los placeros de As Burgas para la remodelación de la plaza de Abastos.
En esta línea, el Concello se verá obligado a trabajar para evitar situaciones como las de los últimos meses, en los que han quedado desiertos más de una veintena de concursos públicos al no generar interés entre la iniciativa privada. Otro objetivo debe ser evitar conflictos como los protagonizados por las trabajadoras de Linorsa o Seralia.
La incógnita del desenlace político en Galicia y España
La cooperación con Diputación, Xunta y Gobierno de España ha sostenido los primeros 15 meses de mandato del alcalde, Jesús Vázquez, ante la imposibilidad de desarrollar inversiones propias por la falta de presupuestos. Proyectos como la reforma de la rúa Concejo, los puentes del Milenio y Romano, el nuevo albergue de peregrinos o la reactivación del Arquivo Histórico y la Biblioteca Estatal se han concretado por la colaboración entre administraciones.
El gobierno local está muy pendiente, por tanto, de la resolución de las negociaciones a nivel estatal y de las próximas elecciones autonómicas, que podrían propiciar un cambio de caras en ambos gobiernos, ocupados durante los últimos años por el PP.
Infraestructuras vitales para la ciudad como la estación intermodal, la integración del AVE -quedan dos tramos pendientes todavía sin licitar-, la nueva depuradora o el inicio de las obras de la variante norte dependen de la agilidad de Xunta y Gobierno de España y se han visto frenadas en los últimos meses.
