El Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, que asume los asuntos de violencia de género, ha ingresado en lo que va de año 452 asuntos relacionados con esta materia, casi los mismos que en todo 2007. Las previsiones son que el juzgado acabe el año con alrededor de 600 casos. Las cifras son muy superiores a las registradas en Santiago y Pontevedra, donde se prevén crear juzgados exclusivos en esta materia, pues hasta octubre no alcanzaron más que 305 y 235 asuntos, respectivamente.
En medio de la polémica por la creación de un juzgado exclusivo de violencia de género en la ciudad, el sindicato SPJ-USO (mayoritario en la Administración de Justicia en Ourense) ha echado cuentas. Basándose en los 452 asuntos que de esta materia había ingresado en lo que va de año el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense -que asume estos casos, además de los propios de instrucción- las previsiones apuntan a que el año finalizará con más de 600 casos de violencia de género. Dicho de otra manera, si en 2007 la media de registros que entraban cada mes en este juzgado era de 39, en lo que va de 2008, ha subido hasta los 51.
Pero además de aumentar el volumen de trabajo -el total del 2007 fue 471 diligencias previas- la comparación con otras ciudades gallegas no deja lugar a dudas. En Santiago ingresaron 305 asuntos de violencia de género en lo que va de año y en Pontevedra, 235. En ambas ciudades, el Ministerio de Justicia prevé crear el próximo año un juzgado exclusivo, de ámbito comarcal. En el caso de Ourense, el ministro, Mariano Fernández Bermejo, aludía esta semana a que Ourense no alcanzaba la ratio establecida para la creación de un nuevo juzgado.
Error trágico
A la vista de estas cifras, los funcionarios volvían a poner de manifiesto lo que consideran una discriminación sistemática de Ourense en lo que creen que es una situación crónica desde hace años, haciendo referencia al abandono de la Justicia en Ourense. El Juzgado de Instrucción número 3 se encarga también de todos los asuntos civiles derivados de la violencia de género (como los divorcios, nulidades...), lo que contribuye a incrementar una carga de trabajo en la que también se incluyen los asuntos civiles pendientes de la época en la que el juzgado era de primera instancia e instrucción (hasta abril de 2006). Así, el sindicato considera que dado el ratio de asuntos que ha de controlar cada funcionario, la necesaria prestación del servicio de guardia ordinaria cada tres semanas, la atención diaria a la violencia de género y la pendencia que ya arrastra este juzgado, no es de extrañar que se pueda producir un error que desemboque en un desenlace trágico, piénsese en el caso Mariluz.
Precisamente, la comisión mixta (formada por la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza) se reúne el lunes para abordar los juzgados cuya creación se solicitará al Ministerio de Justicia.
Crítica a la oficina de atención a las víctimas
Otra de las quejas tanto del sindicato como de la judicatura ourensana está relacionada con la oficina de atención a las víctimas, que comenzará a funcionar a finales de este mes de octubre y que pretende acabar con la falta de intimidad de las víctimas y con los encontronazos con sus presuntos agresores en el Juzgado.
Las críticas se refieren, por un lado, a la falta de espacio. La oficina estará situada en un pequeño local, ubicado en la planta baja del edificio, y tendrá que compartir espacio con el servicio de información ciudadana, en el que los usuarios podrán conocer desde la ubicación de un juzgado hasta el estado en el que se encuentra su procedimiento judicial. Esta falta de espacio se relaciona también por parte de los representantes de los funcionarios con la ausencia de intimidad de las víctimas. No obstante, el aspecto que menos agrada de esta futura oficina, es que, asegura, no ofrecerá una atención integral a las víctimas, al carecer de equipos de psicólogos, entre otros. Para esta agrupación, el servicio nace inoperativo. En el local habrá dos funcionarios, uno que atenderá a las víctimas y otro que se encargará de ofrecer información a los ciudadanos que la requieran.
Pero además de aumentar el volumen de trabajo -el total del 2007 fue 471 diligencias previas- la comparación con otras ciudades gallegas no deja lugar a dudas. En Santiago ingresaron 305 asuntos de violencia de género en lo que va de año y en Pontevedra, 235. En ambas ciudades, el Ministerio de Justicia prevé crear el próximo año un juzgado exclusivo, de ámbito comarcal. En el caso de Ourense, el ministro, Mariano Fernández Bermejo, aludía esta semana a que Ourense no alcanzaba la ratio establecida para la creación de un nuevo juzgado.
Error trágico
A la vista de estas cifras, los funcionarios volvían a poner de manifiesto lo que consideran una discriminación sistemática de Ourense en lo que creen que es una situación crónica desde hace años, haciendo referencia al abandono de la Justicia en Ourense. El Juzgado de Instrucción número 3 se encarga también de todos los asuntos civiles derivados de la violencia de género (como los divorcios, nulidades...), lo que contribuye a incrementar una carga de trabajo en la que también se incluyen los asuntos civiles pendientes de la época en la que el juzgado era de primera instancia e instrucción (hasta abril de 2006). Así, el sindicato considera que dado el ratio de asuntos que ha de controlar cada funcionario, la necesaria prestación del servicio de guardia ordinaria cada tres semanas, la atención diaria a la violencia de género y la pendencia que ya arrastra este juzgado, no es de extrañar que se pueda producir un error que desemboque en un desenlace trágico, piénsese en el caso Mariluz.
Precisamente, la comisión mixta (formada por la Xunta y el Tribunal Superior de Xustiza) se reúne el lunes para abordar los juzgados cuya creación se solicitará al Ministerio de Justicia.
Crítica a la oficina de atención a las víctimas
Otra de las quejas tanto del sindicato como de la judicatura ourensana está relacionada con la oficina de atención a las víctimas, que comenzará a funcionar a finales de este mes de octubre y que pretende acabar con la falta de intimidad de las víctimas y con los encontronazos con sus presuntos agresores en el Juzgado.
Las críticas se refieren, por un lado, a la falta de espacio. La oficina estará situada en un pequeño local, ubicado en la planta baja del edificio, y tendrá que compartir espacio con el servicio de información ciudadana, en el que los usuarios podrán conocer desde la ubicación de un juzgado hasta el estado en el que se encuentra su procedimiento judicial. Esta falta de espacio se relaciona también por parte de los representantes de los funcionarios con la ausencia de intimidad de las víctimas. No obstante, el aspecto que menos agrada de esta futura oficina, es que, asegura, no ofrecerá una atención integral a las víctimas, al carecer de equipos de psicólogos, entre otros. Para esta agrupación, el servicio nace inoperativo. En el local habrá dos funcionarios, uno que atenderá a las víctimas y otro que se encargará de ofrecer información a los ciudadanos que la requieran.
