El Gobierno planifica cambios en el sector de la vivienda con el fin de acercar más este derecho básico a la población con menos recursos. Por el momento está levantando bastante polvareda, aun cuando quedan por pulir muchos detalles en la tramitación parlamentaria.
Hoy publica La Región que la provincia es la segunda de España en proporción de grandes tenedores de inmuebles, es decir, más de cinco y que están en el mercado del alquiler. A su vez un total de 770 ourensanos están en espera de un piso de protección oficial porque no pueden acceder al mercado libre.
Sin embargo, hay algunas cuestiones que se han ido dejando de hacer durante estos últimos años, también en la provincia. Por regla general los concellos no han puesto a disposición de la Xunta terrenos para que construya vivienda pública y así no hay manera de salir del círculo vicioso.
En el caso de la capital, por ejemplo, intenten recordar cuándo fue la última vez que se edificó un inmueble de vivienda protegida. ¿Recuerdan ustedes cuando el gobierno de la ciudad ha hecho otra cesión de terrenos para ese propósito? Yo tampoco.
