Publica hoy La Región el extracto de un informe del interventor del Concello de Ourense en el que acusa al alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, de acoso laboral, cometer irregularidades y ser negligente. Pero, no solo pone el acento en estas cuestiones, sino que en el mismo documento revela la existencia de sobreprecios de hasta un 40% y pagos dobles por la realización de las obras de la calle Celso Emilio Ferreiro.
De nuevo el Concello y sus dirigentes son noticia por una serie de escabrosos comentarios y supuestas maneras de hacer que rayan en lo inaceptable. Sin embargo, todo esto hace ya tiempo que se ha normalizado y no se percibe una restitución de la normalidad y de la convivencia institucional en la sede municipal. Y si a los ourensanos y los partidos que les representan todo esto le parece bien, nada que objetar.
Ahora bien, las acusaciones que se cruzan el alcalde y el interventor son de mucho porte, muy gruesas y por lo tanto muy graves. Si después de todas estas imprecaciones mutuas no piden amparo a la justicia presentando las oportunas denuncias para se que ponga a cada uno en su sitio es que esto está peor de lo que parece. Que lo está.
