Alcalde y díscolos vuelven a marcar distancia a propósito de los imputados.
La concejala socialista de Ourense Mónica Vázquez, miembro del grupo conocido como los "díscolos", insistió ayer, en unas declaraciones públicas, en que los cargos públicos imputados deberían ser apartados o abandonar los órganos de gobierno, y en el grupo de gobierno municipal de la ciudad, del que ella forma parte y donde hay dos concejalas y el alcalde imputados, habría que "hacer autocrítica". Porque, reiteró, ningún imputado "debería formar parte de ningún órgano representativo de ninguna institución", por una cuestión de ética y de responsabilidad. "Yo lo haría y me exigiría no continuar ahí", precisó Vázquez, quien indicó que desde su óptica personal "no cabe continuar".
Poco después le replicaba el alcalde, el socialista Agustín Fernández, que pidió responsabilidad a su propio grupo y proclamó, como el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, un día antes, la presunción de inocencia, de modo que el cargo público sea realmente apartado no en esta fase de un proceso judicial, sino cuando se tenga que sentar en el banquillo de los acusados.
El encaje político de los cargos electos imputados en causas judiciales dejó ayer esos rescoldos, la constatación, otra vez, de una manifiesta diferencia de criterio entre el alcalde y la concejala, que pone otra vez de manifiesto la escasa sintonía existente dentro del propio grupo municipal, ahora con el código ético de la Diputación como telón de fondo.
En el Pazo provincial, mientras, una nueva reunión, entre el presidente de la Diputación, el popular Manuel Baltar, y su portavoz provincial, Plácido Alvarez, avanzaba en el código ético de la institución; con la oposición ausente, por decisión propia, los dos políticos del PP repasaron durante media hora el documento base que ya hizo público Baltar Blanco el mes pasado, al que se harán aportaciones del propio Álvarez y de otros diputados del grupo de gobierno del PP.
El portavoz, que criticó también la salida de PSOE y BNG de esa comisión de redacción del código, anunció una nueva reunión hoy y otra el próximo jueves, todo ello para completar un documento "bó, de obrigado cumprimento" para funcionarios y políticos y, además, pionero en las diputaciones españolas.
