El sistema judicial vive esclavizado por miles de litigios de baja intensidad, que le restan eficacia para atacar la delincuencia compleja. Por ello, el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, justificó ayer, en el marco de una conferencia, la necesidad de modificar el actual mapa judicial.
'É preciso introducir no novo organigrama resultante xulgados de pequeña instancia, destinados a asumir a alta litixiosidade que xeran os conflictos de baixa intensidad, e que asumirían aqueles delitos nos que o Ministerio Público solicita ata dous anos de prisión'.
Ourense, según el fiscal superior, es un ejemplo idóneo de que el sistema judicial está atrapado en la dialéctica paralizante de los litigios de baja cualificación. Basta recurrir a la memoria de la Fiscalía de 2009, de la que Carlos Varela extrajo pocos datos, pero contundentes. De los 1.507 escritos de calificación, que derivaron en otros tantos casos que los fiscales llevaron a juicio, una mayoría abrumadora estuvo relacionada con litigios de escasa intensidad. En concreto, 1.470 de los escritos se correspondieron con asuntos competencia de los juzgados de lo penal, de los que 766 se resolvieron a través de juicios rápidos, que es un trámite de escasa complejidad. El resto, 27 fueron acusaciones elevadas a la Audiencia provincial, y 10 relacionadas con sumarios. En el ámbito penal, 'unha gran parte dos delitos que se investigan teñen que ver coa a seguridade viaria (40%), a violencia de xénero (9%) e os roubos e os furtos (12%)'.
La alternativa propuesta por el fiscal superior es que la litigiosidad masiva, civil y penal, pueda ser gestionada por tribunales específicos que se encargaran de la instrucción de delitos de hasta dos años de prisión. De este modo quedarían descargados otros órganos judiciales 'para facer fronte aos asuntos de instrución difícil', como delitos económicos, urbanísticos, societarios, medioambientales, de narcotráfico o blaqueo de capitales.
Varela se refirió a la necesidad de 'avanzar cara unha nova xeografía da Xustiza', superando la división en partidos judiciales. Al disponer de mejores comunicaciones, debe adoptar 'novas matrices de organización territorial', preferentemente supracomarcales.
Ourense, según el fiscal superior, es un ejemplo idóneo de que el sistema judicial está atrapado en la dialéctica paralizante de los litigios de baja cualificación. Basta recurrir a la memoria de la Fiscalía de 2009, de la que Carlos Varela extrajo pocos datos, pero contundentes. De los 1.507 escritos de calificación, que derivaron en otros tantos casos que los fiscales llevaron a juicio, una mayoría abrumadora estuvo relacionada con litigios de escasa intensidad. En concreto, 1.470 de los escritos se correspondieron con asuntos competencia de los juzgados de lo penal, de los que 766 se resolvieron a través de juicios rápidos, que es un trámite de escasa complejidad. El resto, 27 fueron acusaciones elevadas a la Audiencia provincial, y 10 relacionadas con sumarios. En el ámbito penal, 'unha gran parte dos delitos que se investigan teñen que ver coa a seguridade viaria (40%), a violencia de xénero (9%) e os roubos e os furtos (12%)'.
La alternativa propuesta por el fiscal superior es que la litigiosidad masiva, civil y penal, pueda ser gestionada por tribunales específicos que se encargaran de la instrucción de delitos de hasta dos años de prisión. De este modo quedarían descargados otros órganos judiciales 'para facer fronte aos asuntos de instrución difícil', como delitos económicos, urbanísticos, societarios, medioambientales, de narcotráfico o blaqueo de capitales.
Varela se refirió a la necesidad de 'avanzar cara unha nova xeografía da Xustiza', superando la división en partidos judiciales. Al disponer de mejores comunicaciones, debe adoptar 'novas matrices de organización territorial', preferentemente supracomarcales.
