La coordinadora de la Red Madre en Ourense, Coloma Viúdez, defenderá en el Parlamento de Galicia una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para crear una plan de apoyo a la embarazada.
¿Cuándo surge la Iniciativa Legislativa Popular? A raíz de una experiencia exitosa, consistente en la creación hace casi cuatro años de la Red Madre madrileña, que gestiona las ayudas para la mujer embarazada que está en situación desfavorable. Sólo en el 2007 atendió a 11.000 mujeres y tres de cada cuatro siguieron adelante con su embarazo. Esta red es la que queremos para Galicia -ya se ha creado en Pontevedra-.
¿Y por qué se crea? Porque la figura de la mujer que espera un bebé es una figura devaluada, estableciéndose un conflicto irreal entre madre e hijo cuando el verdadero conflicto es entre la mujer embarazada y la sociedad de consumo, que la considera un ser improductivo, poco comercializable. La maternidad no es un bien vendible y la situación de indefensión e injusticia social merma la libertad y la capacidad de decisión de la madre (por la presión de la familia, la pareja, el empresario...). Por estas razones iniciamos en junio de 2007 la recogida de firmas para que la ILP fuese admitida en el Parlamento de Galicia -eran necesarias 15.000 y hemos reunido 21.000,. Ahora estamos a la espera de que sea incluida en un pleno para poder defenderla y que sea sometida a votación.
¿En qué consiste esta red? En la creación, por parte del Gobierno, de servicios de asesoría legal y mediación familiar, adaptación de los planes de estudio en caso de embarazadas adolescentes, bolsas de trabajo, acceso preferente a los beneficios del Estado, casas de acogida específicas para mujeres que esperan un bebé en situación de desprotección y educación para la percepción social de que la maternidad es un bien.
¿Cómo valora el incremento anual del número de abortos? El aborto aumenta en España cada vez de forma más rápida y no sólo en número sino en tasa -se ha pasado de una tasa del 5,52 por mil mujeres fértiles en 1997 al 10,62 por mil en 2006-. En 2006, se registraron 101.592 en España (2.500 en Galicia, de los cuales, 250 fueron en Ourense). Queda claro que las gestantes no son un problema que hay que solucionar, sino del que deshacerse. Las mujeres no somos imbéciles, sabemos que el aborto es deshacerse del problema, no la solución.
¿Cree que hay que reformar la actual Ley del Aborto? No. Las leyes hay que cumplirlas y esta ley no se cumple. El 97% de los abortos en España se producen en clínicas privadas, sobre las que no hay ningún tipo de control, sino que son puros negocios y no informan a las mujeres sobre las ayudas que tienen para poder sacar adelante sus embarazos ni las evalúan psicológicamente. No es cierto que haya habido acoso contra clínicas privadas, ya que las que están procesadas son centros especializados en abortos de más de seis meses, que son de alto riesgo para la madre y por los que cobraban 3.000 ó 6.000 euros. Basta decir que la Asociación Española de Pediatría considera incongruente que se hable de casos de abortos a las 24-25 semanas cuando en realidad se trata de infanticidios encubiertos. Debe estar Pablo Iglesias revolviéndose en su tumba ante los que defienden a los infanticidas.
¿Qué opina de la ley de plazos que plantea el PSOE? El informe que el Ministerio de Sanidad publica siempre en diciembre refleja un incremento de abortos año a año. Para solucionar este problema, la propuesta progresista y de más con tenido social es una ley de plazos, cuyo efecto inmediato será aumentar el número de abortos, porque si durante 16 ó 17 semanas pasa a ser libre la presión sobre la mujer será mayor. Lo verdaderamente innovador y progresista sería presentar una propuesta integral coherente y dotada de recursos de protección a las embarazadas, para que sin restringir la libertad de la mujer el número de abortos disminuya. Los viejos buenos socialistas ante esta defensa de las clínicas privadas abortistas tienen que estar preguntándose de parte de quién estamos, del débil o de los empresarios que hacen abortos de seis meses.
¿El aborto es un derecho? No. La doctrina del Tribunal Constitucional es clara en este sentido, porque entran en conflicto los intereses de la madre y del bebé y hay que justificar que uno prevalece sobre el otro y esto sólo se puede hacer en los tres supuestos. Nos preocupamos por ayudar a las mujeres embarazadas para que puedan tener a sus hijos, pero si no quieren no se las puede obligar, es su libertad y no hay nada que decir. Incluso en estos casos, las ayudamos. Nunca juzgamos a las mujeres que deciden abortar.
¿Y por qué se crea? Porque la figura de la mujer que espera un bebé es una figura devaluada, estableciéndose un conflicto irreal entre madre e hijo cuando el verdadero conflicto es entre la mujer embarazada y la sociedad de consumo, que la considera un ser improductivo, poco comercializable. La maternidad no es un bien vendible y la situación de indefensión e injusticia social merma la libertad y la capacidad de decisión de la madre (por la presión de la familia, la pareja, el empresario...). Por estas razones iniciamos en junio de 2007 la recogida de firmas para que la ILP fuese admitida en el Parlamento de Galicia -eran necesarias 15.000 y hemos reunido 21.000,. Ahora estamos a la espera de que sea incluida en un pleno para poder defenderla y que sea sometida a votación.
¿En qué consiste esta red? En la creación, por parte del Gobierno, de servicios de asesoría legal y mediación familiar, adaptación de los planes de estudio en caso de embarazadas adolescentes, bolsas de trabajo, acceso preferente a los beneficios del Estado, casas de acogida específicas para mujeres que esperan un bebé en situación de desprotección y educación para la percepción social de que la maternidad es un bien.
¿Cómo valora el incremento anual del número de abortos? El aborto aumenta en España cada vez de forma más rápida y no sólo en número sino en tasa -se ha pasado de una tasa del 5,52 por mil mujeres fértiles en 1997 al 10,62 por mil en 2006-. En 2006, se registraron 101.592 en España (2.500 en Galicia, de los cuales, 250 fueron en Ourense). Queda claro que las gestantes no son un problema que hay que solucionar, sino del que deshacerse. Las mujeres no somos imbéciles, sabemos que el aborto es deshacerse del problema, no la solución.
¿Cree que hay que reformar la actual Ley del Aborto? No. Las leyes hay que cumplirlas y esta ley no se cumple. El 97% de los abortos en España se producen en clínicas privadas, sobre las que no hay ningún tipo de control, sino que son puros negocios y no informan a las mujeres sobre las ayudas que tienen para poder sacar adelante sus embarazos ni las evalúan psicológicamente. No es cierto que haya habido acoso contra clínicas privadas, ya que las que están procesadas son centros especializados en abortos de más de seis meses, que son de alto riesgo para la madre y por los que cobraban 3.000 ó 6.000 euros. Basta decir que la Asociación Española de Pediatría considera incongruente que se hable de casos de abortos a las 24-25 semanas cuando en realidad se trata de infanticidios encubiertos. Debe estar Pablo Iglesias revolviéndose en su tumba ante los que defienden a los infanticidas.
¿Qué opina de la ley de plazos que plantea el PSOE? El informe que el Ministerio de Sanidad publica siempre en diciembre refleja un incremento de abortos año a año. Para solucionar este problema, la propuesta progresista y de más con tenido social es una ley de plazos, cuyo efecto inmediato será aumentar el número de abortos, porque si durante 16 ó 17 semanas pasa a ser libre la presión sobre la mujer será mayor. Lo verdaderamente innovador y progresista sería presentar una propuesta integral coherente y dotada de recursos de protección a las embarazadas, para que sin restringir la libertad de la mujer el número de abortos disminuya. Los viejos buenos socialistas ante esta defensa de las clínicas privadas abortistas tienen que estar preguntándose de parte de quién estamos, del débil o de los empresarios que hacen abortos de seis meses.
¿El aborto es un derecho? No. La doctrina del Tribunal Constitucional es clara en este sentido, porque entran en conflicto los intereses de la madre y del bebé y hay que justificar que uno prevalece sobre el otro y esto sólo se puede hacer en los tres supuestos. Nos preocupamos por ayudar a las mujeres embarazadas para que puedan tener a sus hijos, pero si no quieren no se las puede obligar, es su libertad y no hay nada que decir. Incluso en estos casos, las ayudamos. Nunca juzgamos a las mujeres que deciden abortar.
