El comercio recurre a una argucia legal para tener toda la información del 'caso Hipercor'

La Federación de Comercio de Ourense quiere estar informada de los recursos judiciales que se siguen contra el acuerdo de la junta de gobierno por el que se concedió licencia al centro comercial de Hipercor en la Finca Santamarina. Para ello, ha recurrido a una fórmula procesal en la que, aparentemente, defiende la postura contraria a la que maneja. Así, la federación se ha personado en los recursos como codemandada y, por lo tanto, tiene que asumir las tesis del Concello, que se opone a los recursos judiciales.
Así las cosas, en uno de los recursos presentados, la representación legal de la federación asume 'como propios los contenidos en la contestación municipal, rechazando los consignados en el escrito de demanda', por lo que reclama que sea desestimado este recurso en su integridad e incluso se impongan las costas a los recurrentes por su 'temeridad'.

Ante esta situación, el presidente de la Federación de Comercio, Aurelio Gómez Villar, explicaba ayer que 'queríamos estar presentes en los recursos para tener información sobre ellos y, técnicamente, sólo podíamos estar como codemandados'. En esta figura, los postulados que deben defender, pues, d¡han de ser los mismos que los del demandado, el Concello.

Con todo, Gómez Villar recuerda que la federación presentó en su día un recurso por la vía administrativa en contra de la concesión de licencia a Hipercor, aunque todavía no ha finalizado la tramitación del mismo por parte del Concello. Además, señala que 'este es un tema que nos preocupa. La mayoría de la gente a la que nosotros representamos están preocupados por la instalación de esa gran superficie y nuestra obligación es defender los intereses de los asociados, al margen de que ya hayamos manifestado ante el Concello que algunos aspectos de la licencia son de dudosa viabilidad'.

La licencia a Hipercor fue concedida el pasado 14 de marzo, tres días antes de que fuera notificada la sentencia del Supremo que confirmaba la anulación definitiva del Plan Xeral de 2003. El permiso estaba sujeto a varios requisitos, como la presentación del proyecto de ejecución.

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