El comercio ourensano reclama medidas que permitan reactivar el sector, ante las dificultades que atraviesa por la caída del consumo. Así lo trasladó el presidente de la Federación de Comercio, Aurelio Gómez Villar, que participó en la junta directiva de la Confederación Española de Comercio con responsables del Ministerio de Economía.
Entre las propuestas trasladadas -y que precisamente ayer se analizó en el Consejo de Ministros- figuran medidas para que las administraciones abonen los pagos pendientes a sus proveedores, pues los retrasos llegan a causar graves dificultades a los negocios, y más en el actual contexto económico, según indica Gómez Villar. Este problema se produce tanto con la Xunta como la Diputación o diversos concellos. Los comerciantes explican que los retrasos superiores a medio año 'son un problema grave', aunque hay demoras de más de un año. A su juicio, entre tres y seis meses es un plazo 'razonable'.
En la sesión se acordó también sustituir la licencia de apertura por una declaración de inicio de actividad, para que no demore la apertura de negocios. También se analizó la nueva normativa de pagos, que impedirá abonar en efectivo importes superiores a 1.000 euros, si bien obliga sólo a las personas jurídicas (el cliente particular sí podrá seguir realizándolos). El sector pidió más control sobre productos de negocios chinos que no cumplen la normativa y sobre quienes cometen pequeños hurtos (menos de 400 euros, que no son delito), así como que se publiquen las comisiones por uso de tarjetas de los distintos bancos.
Los comerciantes esperan que estas medidas permitan al sector recuperarse y que parte de los negocios cerrados vuelvan a abrir. Gómez Villar indica que se moderaron los cierres 'no porque mejore la situación', sino porque los que resisten tenían una estructura más fuerte.
En la sesión se acordó también sustituir la licencia de apertura por una declaración de inicio de actividad, para que no demore la apertura de negocios. También se analizó la nueva normativa de pagos, que impedirá abonar en efectivo importes superiores a 1.000 euros, si bien obliga sólo a las personas jurídicas (el cliente particular sí podrá seguir realizándolos). El sector pidió más control sobre productos de negocios chinos que no cumplen la normativa y sobre quienes cometen pequeños hurtos (menos de 400 euros, que no son delito), así como que se publiquen las comisiones por uso de tarjetas de los distintos bancos.
Los comerciantes esperan que estas medidas permitan al sector recuperarse y que parte de los negocios cerrados vuelvan a abrir. Gómez Villar indica que se moderaron los cierres 'no porque mejore la situación', sino porque los que resisten tenían una estructura más fuerte.
