El Concello registró 176 recursos hasta la fecha, por un importe ligeramente superior al millón de euros
El Concello de Ourense lanzó ayer un mensaje de tranquilidad en relación a las consecuencias que pueden tener para las arcas municipales las reclamaciones interpuestas por los ourensanos, a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, para solicitar la devolución de las cantidades abonadas en concepto del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido popularmente como plusvalía.
Según los datos proporcionados ayer por la concejala de Facenda, Ana Fernández Morenza, a los grupos de la oposición durante la junta de área, hasta el momento se han registrado 176 recursos, que suman un importe de algo más de un millón de euros, aunque sigue abierta la puerta para recibir más, reflejó el jefe de servicio del área económica.
Tras una primera valoración realizada por el departamento, se estima que aproximadamente el 90% de las reclamaciones no tienen fundamentos para prosperar, "por non aportar ningún documento ou proba que acredite a pérdida de valor" en la operación de compraventa del inmueble, ya que según la resolución judicial dictada por el Tribunal Constitucional es el único motivo que daría lugar a la devolución de lo cobrado por el Concello.
Morenza mostró además su estupor por los datos proporcionados por la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein) –sin citarla expresamente–, que elevaba por encima de los 20 millones las cantidades susceptibles de reclamación y situaba los afectados en la ciudad sobre los 3.000.
"Descoñecememos de onde saíron os datos erróneos de que había máis de 3.000 reclamacións e conlevarían devolucións millonarias. Os feitos son os feitos, nós seguiremos demostrando a nosa seriedade, rigor e que somos o futuro", señaló la concejala, que ya hace unas semanas había optado por la prudencia a la hora de valorar el nuevo escenario, asegurando que era importante conocer los criterios para regular las devoluciones.
Además, está pendiente una regulación del impuesto por el Ministerio de Hacienda.
