Un párrafo de la resolución puede servir ahora para reabrir el proceso en la vía civil, porque el fiscal concluyó que el ex regidor no hizo frente a su obligación de realizar la urbanización de la parte de la calle que le correspondía
El caso de las aceras de la calle donde reside el exalcalde de la ciudad Agustín Fernández podría no haber acabado con el archivo, por parte del fiscal, de la denuncia interpuesta por el PP. La Fiscalía, en este caso a través de su máximo responsable, Florentino Delgado, entendía que no hubo indicio racional de prevaricación o tráfico de influencias, en la medida en que no se pudo probar una "intencionalidad con carácter de dolo" en los miembros de la junta de gobierno local que dieron luz verde a la devolución del aval a Fernández Gallego.
Pero un párrafo de aquella resolución puede servir ahora para reabrir el proceso en la vía civil. Porque el fiscal concluyó que el ex regidor no hizo frente a su obligación de realizar la urbanización de la parte de la calle que le correspondía "produciéndose un enriquecimiento injusto porque las cantidades que tenía que pagar para realizar la urbanización fueron abonadas indebidamente por el Concello". De hecho, recordaba que el gobierno local tuvo que devolver un total de 83.000 euros de subvenciones recibidas del Estado para urbanizar la calle Clara Corral Aller, donde reside el exalcalde.
Y así, el concejal de Urbanismo, José Cudeiro, confirmó que emitió ya una providencia para ordenar la apertura de un expediente de responsabilidad civil sobre este asunto. De momento, los jurídicos del Concello deberán hacer el informe y la propuesta oportuna, que deberá ser aprobada en junta de gobierno. Se trataría de exigir al exalcalde, vía judicial, que pagase la parte de la urbanización que le correspondía. El interventor le había reclamado casi 28.000 euros por este concepto.
