El gobierno local del Concello de Ourense ya tiene comprometidos casi 100 de los 130 millones de euros de remanente de tesorería con los que cerró el ejercicio 2022, lo que unido a las posibles reclamaciones judiciales de las concesionarias que prestan sus servicios en precario -que el interventor cifra en unos 24 millones de euros- podría dejar prácticamente a cero las cuentas de ahorro municipales.
Solo quedan 32,7 millones
El último informe del jefe del órgano Xestión Económica e Orzamentaria, Julio Fontaíña, advierte de que en lo que va de ejercicio se ha utilizado “unha parte salientable” del remanente de tesorería para gastos generales, que en el ejercicio presupuestario de 2022 remató con 130,4 millones de euros en las cuentas del Concello.
Según este informe, y tras las incorporaciones de remanente hechas a lo largo del ejercicio más las últimas modificaciones de crédito aprobadas en pleno, hoy en día al gobierno local tan solo le quedaría 32,7 millones de euros disponibles en el ahorro, al tener comprometidos ya más de 100 de los 130 millones que había ahorrados a finales del año pasado.
Ahora, queda por ver si el gobierno local es capaz de ejecutar este dinero o, como en otras ocasiones, no logra hacerlo y parte de esas partidas regresan a su origen. En todo caso, el gobierno dirigido por Gonzalo Pérez Jácome ha acelerado la presentación de modificaciones de crédito en este último trimestre del año, sabedor de que estas partidas se incorporan automáticamente al ejercicio de 2024 sin regresar al remanente.
9 millones en facturas
El informe de Xestión Económica e Orzamentaria resalta que actualmente el gobierno de Jácome mantiene la cuenta 413 -aquella donde se almacenan facturas impagadas de otros ejercicios- en máximos históricos, con 9,01 millones de euros, que junto a otras partidas relacionadas con proveedores, ya detrae automáticamente 10 millones del remanente, en vista de que habrá que pagar tarde o temprano.
Cronología
A esto se suman, 36,3 millones de euros que se sacaron del banco mediante 13 incorporaciones de remanente realizadas entre febrero y agosto de este año -antes de que se aprobase la liquidación del ejercicio anterior. Todo ello se hizo sin necesidad de ir a pleno, pues eran partidas para los cuales el gobierno de Jácome había utilizado la vía de a financiación afectada, al estar ligadas a asociaciones (como en el caso de bonos comercio) o a otras entidades. A esto, se sumaron otros 21 millones de euros retirados en otras dos incorporaciones de remanente para pagar distintos gastos generales en agosto.
A partir de ese mes, las 20 modificaciones de créditos aprobadas (o que han sido rechazadas, pero se volverán a llevar a pleno) consumen otros 33,3 millones de euros.
Muchas dudas
Así, en total, según Fontaíña, el dinero disponible cae hasta 32,7 millones de euros. Lo más curioso es que el gestor también advierte de que se deben contemplar las necesidades para “sentencias, atrasos, etc., como Viaqua, autobuses, Doal (grúas), SICE (semáforos), atrasos de horas de personal”, pero se limita a poner unos interrogantes al ser incapaz de cuantificar las deudas a concesiones en precario.
Lo que queda
El interventor había cuantificado estas deudas con concesionarias a medio plazo en 24 millones de euros, con lo cual consumirían prácticamente el dinero del ahorro. A esto, habría que sumar los retrasos en los pagos de horas extra a policías o de los excesos de jornada en el cuerpo de bomberos, que entre unos y otros superan con creces los tres millones de euros. Unas turbulencias que a medio plazo amenazan la gestión municipal.
