El interventor municipal del Concello de Ourense atribuye un "fraude de ley" en la gestión de los "Bonos Comercio de Jácome" y paraliza dos facturas del programa
El interventor municipal, Gonzalo Alonso Álvarez, considera que hubo fraude de ley en la gestión del programa de Bonos comercio del Concello de Ourense y paraliza la tramitación del expediente al no dar su visto bueno a dos facturas. Así lo refleja en una nota de reparo emitida ante dos facturas remitidas para su aprobación.
En el informe discrepa en cómo se gestionaron inicialmente los convenios con las dos instituciones que facilitaron la dotación de 10 millones de euros para hacer frente al programa de los "Bonos comercio de Jácome".
Los dos convenios son los suscritos por el Concello de Ourense, en diciembre de 2022, con la Federación de Comercio de Ourense, por un importe de 500 euros y, por otro lado, con la Confederación Empresarios Hostelería, Comercio y Turismo de Ourense, por el mismo importe. Dos acuerdos "puente" que habrían servido para disponer de la partida de 10 millones de euros, habilitada desde el ejercicio económico 2021. Un mecanismo que pone así en evidencia el interventor en su nota: “No serán incorporables los créditos declarados no disponibles ni los remanentes de créditos ya incorporados en el ejercicio precedente “.
La Intervención municipal destaca, además, que dichos acuerdos se adoptaron sin su obligado informe previo y con el dictamen negativo del titular de Órgano de Xestión Orzamentaria.
Aportaciones "testimoniales"
Las aportaciones "testimoniales" de 500 euros son consideradas una "Subvención de fomento a la actividad económica local" y son las que dan lugar a la firma del decreto de generación de crédito que el alcalde firma el 29 de diciembre del pasado año.
"...consegue un pretexto, aínda que certamente moi feble, para xustificaren a incorporación de remanentes por importe de 10.000.000,00 euros ao exercicio económico de 2023"
En el informe del interventor se recoge que, cuando se suscriben estos convenios "puente" con cada institución para activar el programa Bono Comercio, "non o fai seguido pola importancia económica da achega para recibir ( 1.000 euros ), senón porque a través da achega testemuñal de axentes financiadores externos, consegue un pretexto, aínda que certamente moi feble, para xustificaren a incorporación de remanentes por importe de 10.000.000,00 euros ao exercicio económico de 2023".
En definitiva, Alonso Álvarez califica la operación de "fraude de ley" para justificar la partida de 10 millones de euros gastados en regalar bonos de 100 euros a todos los habitantes empadronados en el municipio de Ourense en la pasada primavera.
Cabe recordar que para la ejecución de este plan se asignan, por un lado 10.001.000,00 euros, en concepto de ayudas, y 40.000,00 euros para gastos de gestión del programa.
Objeto similar fraccionado en contratos menores
Ante la recepción de las dos facturas emitidas por Abanca, que son las que motivan este informe, la intervención municipal denuncia que se trata de un objeto fraccionado en dos contratos menores por el mismo importe: 14.999 euros (18.148,79 euros con IVA), cada uno. Una factura correspondería a la prestación de un servicio técnico de desarrollo, implementación y gestión del programa de bonos y otra al servicio de distribución y entrega de las ayudas. Dos servicios contratados a una empresa de Coruña, que tampoco fueron informados previamente:
"Unha vez máis, o contrato formalízase coa citada entidade financeira sen previa constancia dun
documento contable “ RC “ que acreditara a existencia de crédito axeitado e suficiente", se advierte en el informe.
La Intervención municipal decide emitir este informe, puesto que las dos facturas se han elevado, para su aprobación, a la Concejalía delegada de Hacienda. Y advierte de un fraude de ley al detectar "actuacións administrativas realizadas baixo unha aparencia de legalidade extrínseca, ou no exercicio dunha potestade administrativa axustada á legalidade vixente, pero cunha finalidade escondida que busca a obtención dun resultado alleo á propia utilidade pública que persegue a actuación administrativa desenvolvida".
Se trata de una retahíla de "deficiencias" observadas en los expedientes de contratación de los servicios del desarrollo de la aplicación y distribución del bono al destinatario; y derivadas de la falta de crédito presupuestario adecuado para afrontar el programa de los Bonos comercio. Una nota de reparo que emite el interventor en el ejercicio de sus competencias, tal como él alega.
Se saltaron trámites para activarlo un mes antes de los comicios locales
El Bono Comercio nació, en un principio, para estimular las compras navideñas con un cheque de 100 euros para los empadronados. Sin embargo, los sucesivos retrasos implicaron que la ayuda no empezase a funcionar hasta abril del presente año, justo un mes antes de las elecciones municipales. Este movimiento cercano a la fecha de los comicios fue criticado como una oportunidad del líder de DO para captar votos. Además, llegó a ampliar el plazo de gasto del bono a dos días después de las elecciones. El interventor municipal, en el informe que advierte fraude de ley en la gestión del bono, desliza que si el programa llegase a pasar por los oportunos trámites, la aprobación del mismo se retrasaría.
En concreto, señala: “A aprobación das bases esixiría de observar o procedemento legalmente aplicable, o cumprimento de determinados trámites, tales como solicitar da Consellería da Economía como órgano de tutela en materia financeira, informe sobre a sustentabilidade da actuación de fomento proxectada, así como da Consellería de Presidencia informe sobre a inexistencia de duplicidades”. En este sentido, añade el interventor, “ambos trámites, poderían demorar considerablemente a tramitación dos bonos, probablemente mais aló do mes de maio do 2023”. Curiosamente, el mes de las elecciones municipales.
