El anteproyecto de ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local libera al fin a los concellos de dos responsabilidades 'impropias' de las que no conseguían deshacerse, la limpieza y mantenimiento de los colegios públicos y los centros de salud, porque son las competencias que tienen asumidas en educación y sanidad.
La Xunta deberá asumir esa gestión, que cuesta muchos miles de euros al año -por ejemplo, el Concello de Ourense destina casi 900.000 euros anuales sólo a la limpieza de los centros de enseñanza dependientes de la Consellería de Educación-, en un plazo máximo de cinco años, y en un año retomará los servicios sociales, aunque esta competencia estará ligada también a los acuerdos de gestión con la Diputación y a la lectura pormenorizada de la letra pequeña del anteproyecto, que, por cierto, todavía tiene que pasar por múltiples trámites hasta su entrada en vigor.
La reforma local aprobada ayer por el Consejo de Ministros también otorga a las diputaciones la capacidad de asumir los servicios básicos de los concellos de menos de 20.000 habitantes -en la provincia de Ourense todos, menos la capital- si no tienen medios para gestionarlos. En realidad, la institución provincial presta servicios de recogida selectiva de basura a 74 concellos, efectúa la gestión integral de la misma en 46, cobra tributos para 48 municipios y gestiona el saneamiento en 58, además de cooperar en el abastecimiento de agua en 57, por ejemplo el consorcio de aguas de Valdeorras.
Precisamente, la creación de nuevas empresas públicas o consorcios queda enormemente restringida con este anteproyecto. No se podrán crear nuevos entes y habrá que sanear o disolver los existentes, pero la letra pequeña los permite, aunque con estrictas condiciones, según fuentes jurídicas. De este modo, el Concello de Ourense tendría dificultades para crear la empresa municipal que pensaba (aunque ya la ha descartado) y habría que disolver Urbaourense -la Diputación lo hizo a finales de año-. Sí puede sobrevivir Aquaourense, sociedad de gestión del agua de la Diputación, que da beneficios y en la que la institución participa con un 34% de capital. El resto lo aporta Aquagest.
La reforma local aprobada ayer por el Consejo de Ministros también otorga a las diputaciones la capacidad de asumir los servicios básicos de los concellos de menos de 20.000 habitantes -en la provincia de Ourense todos, menos la capital- si no tienen medios para gestionarlos. En realidad, la institución provincial presta servicios de recogida selectiva de basura a 74 concellos, efectúa la gestión integral de la misma en 46, cobra tributos para 48 municipios y gestiona el saneamiento en 58, además de cooperar en el abastecimiento de agua en 57, por ejemplo el consorcio de aguas de Valdeorras.
Precisamente, la creación de nuevas empresas públicas o consorcios queda enormemente restringida con este anteproyecto. No se podrán crear nuevos entes y habrá que sanear o disolver los existentes, pero la letra pequeña los permite, aunque con estrictas condiciones, según fuentes jurídicas. De este modo, el Concello de Ourense tendría dificultades para crear la empresa municipal que pensaba (aunque ya la ha descartado) y habría que disolver Urbaourense -la Diputación lo hizo a finales de año-. Sí puede sobrevivir Aquaourense, sociedad de gestión del agua de la Diputación, que da beneficios y en la que la institución participa con un 34% de capital. El resto lo aporta Aquagest.
